La denuncia por designaciones irregulares sigue sin avances en la fiscalía. Mientras, la ministra continúa paseándose junto al gobernador como si el escándalo nunca hubiera existido.
La Escuela fantasma empieza a convertirse también en una causa fantasma. A más dos meses de que estallara el escándalo por presuntas designaciones irregulares en el sistema educativo salteño, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, sigue sin ofrecer respuestas concretas ni mostrar avances significativos en una investigación que involucra el manejo de recursos públicos y pone bajo sospecha los mecanismos de designación de personal docente.
El caso salió a la luz durante los primeros días de septiembre, cuando la docente Celia Alancay decidió denunciar las irregularidades y contar lo que estaba ocurriendo en una entrevista con FM Infinito. La repercusión pública fue creciendo hasta instalar el tema en la agenda política y educativa, al punto de que la fiscalía terminó tomando intervención. Sin embargo, desde entonces, el expediente parece haberse instalado en una tranquilidad difícil de explicar frente a la gravedad de los hechos denunciados.
No se trata de una discusión administrativa menor ni de una disputa interna dentro del Ministerio de Educación. Lo denunciado apunta a designaciones realizadas sin respetar los procedimientos establecidos, con cargos remunerados con dinero del Estado y sin pasar por los mecanismos institucionales correspondientes, entre ellos la Junta Calificadora de Méritos. Si las irregularidades se confirman, estaríamos frente a un asunto que excede largamente las responsabilidades políticas de una ministra: hay recursos públicos comprometidos y eventuales responsabilidades que deben investigarse.
Pero mientras la fiscal parece tomarse todo el tiempo del mundo, en el Grand Bourg tampoco hay demasiadas señales de preocupación. El gobernador Gustavo Sáenz mantiene a Cristina Fiore bajo su protección política y la ministra continúa apareciendo a su lado en actos y actividades oficiales. La postal se repite: el mandatario provincial sonríe, Fiore acompaña y el escándalo queda fuera de cuadro. Una manera bastante evidente de exhibir que, al menos en términos políticos, la ministra conserva el respaldo del jefe del Ejecutivo.
La demora judicial, además, alimenta los comentarios que circularon desde el comienzo de la investigación sobre una presunta reunión informal entre la fiscal Salinas Odorisio y la propia ministra. No hay elementos que corroboren que ese presunto encuentro haya condicionado el expediente, pero la falta de información oficial y la ausencia de avances visibles contribuyen a que esas versiones ganen terreno. Precisamente por eso, una explicación clara de la fiscalía sería mucho más saludable que el silencio.
En el Gobierno pensaron que con la renuncia del número dos de Educación, Alejandro Williams Becker iba a alcanzar para descomprimir la situación y que todo iba a quedar en un mal recuerdo de una de las crisis más importante que tuvo el saencismo. No fue así.
Tampoco alcanzó la indignación del sector docente ni la presión pública para conseguir que la investigación avance al ritmo que exige una denuncia de estas características. La docente Celia Alancay puso el tema sobre la mesa, la comunidad educativa reclamó explicaciones y el caso consiguió instalarse en la agenda pública. Sin embargo, quienes tienen la responsabilidad institucional de investigar parecen no tener la misma urgencia.