El Banco Central informó este lunes que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Oficina Anticorrupción (OA) «toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para determinar si generaron perjuicios al Estado».
La decisión tomada por la autoridad monetaria fue informada minutos después de que el presidente Alberto Fernández indicara ante la Asamblea Legislativa el inicio de una «querella criminal» en referencia al préstamo de US$ 55.000 millones que otorgó el organismo multilateral de crédito en 2018.
«He instruido he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda», dijo el primer mandatario.
El Banco Central pidió «la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el Ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019», así como las actuaciones administrativas referenciadas y de los expedientes tramitados en el BCRA.
En un comunicado, el ente presidido por Miguel Pesce recordó que esos expedientes «fueron remitidos a fines de julio de 2020 a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249) y en diciembre 2020 a la Auditoría General de la Nación».
En el pedido de investigación se sostiene que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración del ex presidente Mauricio Macri resultarían «incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.
Según el Banco Central, en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico que luego se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ministerio se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional.