Empresas vinculadas a exfuncionarios, empresarios investigados y nombres cercanos al poder aparecen entre los beneficiarios de contrataciones millonarias. Hay pozos de casi $900 millones, obras paralizadas y demasiadas preguntas sin respuesta.
Hay emergencias que se resuelven después de un año, otras se prorrogan. Y algunas, como la hídrica, parecen haber encontrado una tercera utilidad: convertirse en un régimen bastante conveniente para quienes hacen negocios con el Estado.
La provincia necesita agua, nadie lo discute, pero los hilos están a la vista. Es que resulta difícil de explicar que algunas perforaciones cuesten cifras millonarias, que los mismos proveedores aparezcan una y otra vez y que una parte importante de las obras iniciadas termine paralizada.
La emergencia habilita procedimientos excepcionales de contratación, con menos exigencias de competencia que una licitación pública tradicional. La urgencia puede justificar la velocidad, pero no debería servir de excusa para cualquier presupuesto. Mucho menos cuando hay contratos que se acercan a los $900 millones por un pozo.
Entre las empresas que aparecen en los expedientes está Biotec, vinculada a Rodrigo Antonio Gómez Martínez y Sergio Adrián Mastnak. Gómez Martínez también aparece relacionado con ComTec y GLK Mining. La sociedad incorporó a Andrea Wayar en su estructura accionaria y consiguió contratos millonarios en Don Emilio, Chicoana, Orán e Hipólito Yrigoyen.
El apellido vuelve a aparecer en HIDROTEC, donde tiene protagonismo Emiliano Gómez Martínez, hermano de Rodrigo. También está vinculado a Flytec, dedicada a servicios aéreos relacionados con la minería y los vuelos sanitarios. El propio Gobierno provincial confirmó que ambas firmas integraban un mismo grupo empresario y que sus directivos mantuvieron reuniones con Gustavo Sáenz y el entonces ministro Sergio Camacho. HIDROTEC consiguió $698,3 millones para el pozo de Villa Los Álamos, en Cerrillos. Una historia de emprendimiento que terminó bastante lejos de aquella primera perforadora comprada con esfuerzo.
Drilling Services SA tampoco pasa inadvertida. Su presidente, José Antonio Fernández García, conocido como «Kiko», es propietario de Cerdo Negro y fue imputado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada, en una investigación relacionada con siete trabajadores rurales. Su empresa recibió $898,5 millones por el pozo San Alfonso, $670,5 millones por Yacuy y $456,1 millones por San Remo. En materia de contratos, la perforadora viene trabajando a toda máquina.
En Todoconstrucción SRL aparece Gladis del Socorro Sánchez, ex presidenta del IPS y excoordinadora del comité interventor del organismo, como socia junto a Ernesto Jesús Hernández. Su nombre ya había sido denunciado, incluso la misma cámara baja. Los caminos de la contratación pública, evidentemente, tienen más cruces de los que parece.
Ventura SRL tiene como socios a Luis Mariano Ovejero y Tomás Federico Calderoni, quien fue director de Cementerios Municipales durante la gestión de Bettina Romero y mantenía cercanía con Juan Esteban Romero. Calderoni también quedó involucrado en un reciente episodio policial en una estación de servicio de avenida Bolivia, donde se denunciaron amenazas con un arma de fuego. La firma obtuvo $538,1 millones para construir un pozo en Alto La Sierra. De los cementerios a las perforaciones, el recorrido empresarial de uno de sus socios no deja de llamar la atención.
Sima del Norte, por su parte, recibió $594,6 millones para trabajos en el edificio Pieve y otros $558 millones para optimizar el pozo N.º 5 del Parque San Martín. Conta SRL también figura entre los proveedores del circuito hídrico. En ambos casos, corresponde profundizar la información societaria y contractual antes de atribuirles conexiones que no estén documentadas.
Según un informe de Cuarto Poder: el relevamiento de 50 obras iniciadas, con una inversión global de más de $9.393 millones, dejó otro dato incómodo: 22 figuraban como paralizadas. Es decir, mientras los presupuestos avanzan con una generosidad notable, no todas las obras consiguen avanzar al mismo ritmo.
Las relaciones empresariales, los antecedentes políticos y las investigaciones judiciales mencionadas conforman un escenario que exige explicaciones controles y no puede avanzar con el sigilo que esta avanzando. Veremos qué ocurre en el senado.
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