Con llamativa concisión, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, respondió de manera breve y poco satisfactoria un pedido de investigación sobre el cobro irregular de pauta publicitaria por parte de la radio propiedad de Mario Peña.
Ante el pedido de investigación presentado por el diputado Daniel Sansone, el Procurador simplemente mencionó que la nota fue enviada a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, la cual ya estaría investigando el asunto desde el 2020, cuando Carlos Zapata llevó a la justicia el robo, que por cierto continua impune.
Todo esto volvió a salir a luz durante un debate efectauado en el programa de Daniel Murillo, en momentos que el por entonces candidato a gobernador, Emiliano Estrada, recordó la estafa al señalar que la Secretaría de Comunicación de la Provincia realizó pagos millonarios en concepto de pauta publicitaria oficial, a FM Aries por un programa que no salía al aire.
Según documentación oficial, publicada en el portal Salta Transparente, estos pagos superaron los cinco millones de pesos en 2021. ¡Todo un récord para un programa que no salia al aire!
Ante esta situación, el diputado Sansone solicitó formalmente al Procurador que inicie una investigación detallada sobre el asunto, ya que es quien tiene las facultades y herramientas para llevarla a cabo. Sin embargo, la respuesta del Procurador ha sido tan abrumadora en su concisión que deja en claro su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de sus deberes, a juzgar por haber respondido la solicitud.
Este caso plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, ya que aparentemente se utilizaron fondos del Estado para financiar un programa que ni siquiera se emitió. Los propietarios de medios de comunicación que hacen uso de esos recursos deberían ser ejemplares en su integridad, aunque en el caso de Peña, este atributo parece estar lejos de su alcance.
La denuncia de cobro irregular de pauta publicitaria y el posible desvío de fondos públicos son asuntos de gran importancia que merecen una respuesta y una intervención decidida por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, la brevedad manifiesta en la respuesta del Procurador generan dudas sobre su verdadera voluntad de investigar a fondo este caso.
A partir de lo informado por el Procurador, habrá que esperar el accionar del área de Delitos Económicos Complejos, aunque el asunto no revista demasiada complejidad: se pagó y se cobró por un servicio inexistente, lo cual representa un caso típico de facturación apócrifa y fraude a la administración pública.
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