La Secretaria de Seguridad Frida Fonseca, se mostró con autoconvocados de salud y educación, mientras se multiplican las voces que consideran necesario un recambio de figuras por el desgaste.
El conflicto entre el Gobierno y los estatales de la salud y la educación ha provocado una herida en la Provincia que todavía sangra. La irresolución de la problemática por parte de los distintos ministros que se hicieron cargo de administrar la situación despertó un coro de voces que pide cambios en el gabinete.
Atenta a la situación, Frida Fonseca salió a la cancha. Primero la secretaria de Seguridad fue a ver a las trabajadoras que se habían encadenado en la Catedral reclamando al ministro de salud Federico Mangione una respuesta a sus demandas. Después Fonseca viajó hasta Campo Quijano para dialogar con docentes que cortaban la Ruta Nacional 51.
Con esas dos maniobras Fonseca se instaló en la agenda y en declaraciones a la prensa se encargó de apuntalar la idea oficial de endurecer medidas. “Es necesario darle un orden a la protesta social”, afirmó la funcionaria de la cartera de Seguridad y Justicia, cuyo titular Marcelo Domínguez también quedó en el centro de los dardos.

Fonseca aclara siempre que su intervención se debe a las órdenes del gobernador Gustavo Sáenz de destrabar el problema. Sin embargo, en un sector del oficialismo analizan como una posibilidad de corto plazo el desplazamiento de Domínguez, a quien achacan el agravamiento del conflicto docente-sanitario por la represión, entre otras cuestiones.
Mientras tanto, guardaron un estratégico silencio los ministros Roberto Dib Ashur (Economía y Servicios Públicos) y Ricardo Villada (Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos), otras dos figuras del oficialismo cuestionadas por propios y ajenos. Es de suponer que Fonseca quiere que a Domínguez le piquen el boleto para asumir en su cuenta.
El ministro Domínguez, por su parte, fue relegado a participar de actos protocolares como la entrega de una camioneta Sprinter Mercedes Benz 0km por el aniversario del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo (GOPAR) de la Policía de Salta o bien a dar su aporte para mejorar el proyecto para actualizar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario.

