Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde 2025, la ciudad que gobierna Franco Hernández se convirtió en una ciudad con casi un asesinato por mes.
Los números son difíciles de disimular. Según el sitio “Argenmétricas”, con datos obtenidos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ciudad de Tartagal registró en 2025 una tasa de 9,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Superó a Rosario, al conurbano bonaerense y a otros distritos que históricamente concentraban los mayores índices de violencia. Mientras tanto, en Salta ya pasaron cinco ministros por Seguridad durante la gestión de Gustavo Sáenz.
Tartagal y el norte salteño vuelven a quedar en el centro de una estadística que debería encender todas las alarmas del Gobierno provincial. La cifra adquiere otra dimensión cuando se la traduce a la vida cotidiana: son 18 personas asesinadas en un año, un promedio de un homicidio cada veinte días. La ciudad gobernada por Franco Hernández es uno de los principales centros urbanos de un territorio que aparece entre los más comprometidos del mapa nacional de violencia letal. No es una percepción ni una disputa política: son estadísticas construidas sobre registros oficiales.
El contraste también es incómodo para el discurso provincial. Mientras la tasa nacional de homicidios dolosos se ubicó en 3,6 durante 2025, la del departamento San Martín llegó a 9,8. Es decir, casi triplica el promedio argentino. Y aunque la provincia de Salta registró una tasa general de 3,2, ese promedio termina escondiendo realidades territoriales muy diferentes, particularmente en el norte, donde la violencia letal tiene una dimensión que no se puede disimular detrás de los números globales.
La política de seguridad de Gustavo Sáenz tampoco encuentra demasiados argumentos para exhibir resultados. Desde que llegó al Gobierno, por el ministerio pasaron Juan Manuel Pulleiro, Abel Cornejo, Marcelo Domínguez, Gaspar Solá Usandivaras y ahora Nicolás Avellaneda. Cinco conducciones para una de las áreas más sensibles de la administración provincial, con cambios de nombres, movimientos de gabinete y anuncios que no alcanzaron para instalar una política sostenida que permita dar respuestas a los problemas de seguridad.
Avellaneda llegó al cargo después de desempeñarse como secretario de Seguridad y con el respaldo personal del gobernador, que justificó su elección con una frase tan llamativa como insuficiente para explicar una decisión de semejante responsabilidad: “siempre está”. Pero estar no es lo mismo que conducir, y mucho menos que resolver. La provincia necesita planificación, prevención, presencia territorial y una estrategia que no se limite a reaccionar cuando un hecho policial ya ocupa las portadas.
Lo preocupante es que el problema no termina en Tartagal ni en el departamento San Martín. La inseguridad y la violencia atraviesan cada vez más localidades salteñas, mientras las noticias policiales se acumulan semana tras semana y las respuestas oficiales parecen correr siempre detrás de los acontecimientos. El norte vuelve a mostrar una de las caras más duras de esa realidad, pero la pregunta alcanza a toda la provincia: después de cinco ministros, ¿qué cambió realmente en la política de seguridad de Sáenz?
