El proyecto de ley aprobado el martes pasado por la Cámara de Diputados de Salta, en el que se modifica el Código Contravencional y se incorpora un artículo que se avasallan las garantías constitucionales, con el sólo propósito de blindar a los funcionarios, que buscan evitar cualquier “desacreditación”, sigue cosechando repudios.
Recientemente, el Foro de Obseración de la Calidad Institucional de Salta, -FOCIS-, emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su “absoluto disenso” y reproducimos a continuación:
Con la media sanción dada por la Cámara de Diputados de nuestra Provincia a un texto que intenta sancionar como contravención una conducta claramente admitida por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la legislación de nuestro País.
La “Ley Bozal”, como lo ha llamado una asociación de periodistas, pretende instaurar una especie de blindaje a los funcionarios públicos para evitar que puedan ser criticados o simplemente referirse por medios públicos a sus conductas.
Es una evidente confusión en la que han incurrido los diputados salteños, con excepción de una sola legisladora que votó en contra del dislate.
El FOCIS debe recordar que Argentina modificó el Código Penal, despenalizando las críticas en asuntos de interés público a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció que los funcionarios públicos, los jueces entre otros, tienen que tener un umbral de tolerancia a las opiniones y juicios de valor en tanto se expusieron voluntariamente al escrutinio público
Debieron recordar los señores legisladores que tan rápidamente generan como inapropiadas o en este caso delictuales a actos de los ciudadanos que los critiquen que no es nuestra Organización Institucional una monarquía, ni otro tipo de régimen mayestático. Se trata de una república, y en esta debe haber plena libertad para la crítica y la desavenencia con quien cumple una función pública. Expresada en términos moderados, claro está, pero eso es otra cosa.
Ya hubo otros impulsos de estos blindajes de quienes detentan funciones públicas en otras Provincias, como en La Rioja, y también en Salta.
Está el caso de un Juez que dedujo juicio a una señora abogada porque se permitió criticar en derecho una sentencia que el presunto ofendido había emitido. También ese Magistrado intenta protegerse como si estuviera en un pedestal inmaculado al que nadie debe siquiera tocar.
Esos supuestos podios no existen en el régimen republicano que nuestra Constitución proclama y a cuyos principios debemos atenernos, se tratare de funcionarios, jueces, o legisladores.
Por lo que solicitamos a los señores Senadores rechacen semejante media sanción tan obtusa como inconveniente para las instituciones provinciales.
Salta, julio 27 de 2023.