En octubre, luego de 5 años de un derrotero judicial revictimizante, condenaron a 12 años de prisión al abusador de Dulce y de su mamá. Hoy, denuncia que la familia paterna de su hija la hostiga y las expone en redes sociales. Mientras, se ordenó investigar posible tráfico de influencias en el Poder Judicial en beneficio del condenado.
En octubre, y tras cinco años de enfrentarse a la revictimización a la que fueron sometidas por el Poder Judicial salteño, lograron la condena a 12 años contra el abusador de Dulce (nombre ficticio para proteger la identidad de la niña) y de su mamá. Sin embargo, cuando creía que esa situación de violencia había terminado, hoy enfrenta un fuerte hostigamiento por parte de la familia del condenado, así como de allegados, a través de redes sociales. Un dato no menor: la justicia ordenó investigar a la tía del violento, empleada del Poder Judicial, por tráfico de influencias.
“Después de todo el proceso, que fue sumamente revictimizante y violento, tanto para mi hija como para mí, llegamos a un juicio y a una condena dada por un tribunal colegiado, que sostuvieron esta acusación, y la fiscal también”, recordó la mujer, integrante de Madres Protectoras Salta, para quien la condena, igualmente, resulta mínima por la gravedad de la situación. “Dentro de todo, se hizo justicia”, se reconfortó.
No obstante, señaló que la familia del condenado apeló la sentencia, que se encuentra ahora en Casación. “Están pidiendo la absolución y siguen sosteniendo la inocencia de este condenado, siguen sosteniendo este inexistente SAP, las falsas denuncias, tratando de transmitirlo a la sociedad”, lamentó en alusión al Síndrome de Alienación Parental.
Se trata de una teoría utilizada por las defensas de los agresores en las causas de maltrato y abuso sexual infantil, e incluida en los fundamentos para la creación de un Registro de Obstructoras de Lazos Familiares impulsado por el Senador e intendente electo, Emiliano Durand. Misma teoría que fue rechazada en todo el mundo, desde la ONU hasta la propia Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina por ir en contra del derecho del niño a ser escuchado. “Las denuncias por violencia de género son desbordantes, por eso el Poder Judicial no puede actuar”, enfatizó la mujer.
En este punto, denunció estar sufriendo hostigamiento a través de las redes sociales por parte de la familia del condenado y de particulares que se suman a las agresiones. Asimismo, denunció que la familia paterna de su hija expone continuamente a la menor, identificando con su nombre al agresor y a ella misma, por lo tanto, a su hija. No conformes con ello, aseveró, amenazan con represalias ya que la abuela de la niña lleva adelante un juicio de desalojo de una casa del IPV en la que habitan y por la que la mujer paga las cuotas y todos los servicios.
“Todos los que salen a comentar son familiares y amigos cercanos. La madre sale a decir esto de las falsas denuncias, que es inocente su hijo, pero sale de un perfil falso y acrecienta que se generen más comentarios violentos”, aseveró al tiempo que puntualizó: “Relatan parte de unas pericias e informes, recortando para utilizarlo a su favor, y son partes, no el total, de las 458 hojas de fundamentos de la pena”.
“Están exponiendo a mi nena, estos abuelos que dicen quererla y querer verla. Esta familia, que hoy por hoy por una orden del Poder Judicial mi nena tiene que seguir vinculándose, sigue sosteniendo la violencia de este progenitor abusador, no están creyendo en su palabra. Cada vez que la llevan dicen ‘tu mamá hizo tal cosa, manipulándola y violentándola”, continuó con pesar.
Frente a esta situación, lamentó que en la denuncia por violencia digital, después de varios rebotes, terminara en otra causa, no en la misma denuncia por violencia que ya había ejercido contra la familia paterna de la niña. “La hicieron dar vueltas a mi abogada, totalmente violento también porque no dan respuestas, se lavan las manos, no dan medidas urgentes como tendrían que darlas. Corro el riesgo de salir y que me golpeen por estas cosas que se están implantando. Además estoy afectada psicológicamente y laboralmente”, continuó la referente de Madres Protectoras Salta.
También se refirió duramente al accionar del Juzgado de Violencia Familiar y de Género N°2 por su accionar desestimando la denuncia desde un primer momento, según sostuvo. “Querían archivar la causa en medio de las audiencias, y me siguen revictimizando hasta el día de hoy con todo eso. Una fiscalía especializada mandó a investigarme porque decía que no mandaba a la nena al psicólogo, pero en el caso de ellos la justicia no actúa”, enfatizó a la vez que pidió que la condena contra el agresor quede firme.
Por otra parte, se refirió también al presunto tráfico de influencias, sostuvo que “fue lo que dilató la causa e hizo que no se llegue a una investigación efectiva”, y cuestionó que no se peritara el celular del agresor, quien, afirmó, podría estar vinculado a redes de pedofilia y trata de menores.
En efecto, la mujer alertó sobre “el avance de las organizaciones de pedofilia a nivel nacional, vinculadas con organizaciones de progenitores violentos y pedófilos”. “Acá, acompañados por Infancias Compartidas, Crianza Sana, entre otras, están presentando un proyecto de falsas denuncias. Además, estas organizaciones están trabajando con el Gobierno nacional ahora e hicieron un ataque a la Defensoría (de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina). Están sostenidas por estas redes a nivel mundial”, denunció.
“Seguimos siendo vulneradas en nuestros derechos y violentadas en todo sentido. Pensé que se terminaba con la condena, y sigue siendo igual. Estoy en peligro, atacada por estas organizaciones de pedófilos, pederastas y progenitores violentos. Mi hija y yo, las dos estamos siendo violentadas. Pido que cumpla la condena que corresponde, que el Juzgado se expida para proteger a la niña y que se baje esa página”, concluyó la mujer.
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