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martes, noviembre 17, 2026

Recursos naturales y extranjerización | Dirigente saencista fija postura contra la Ley ómnibus

Las voces parecen disímiles dentro del oficialismo frente a un modelo de gobierno que avanza peligrosamente sobre normativas de protección ambiental. Evidentemente, resulta más sencillo fijar postura desde una ONG que desde una banca cuya votación se negocia minuto a minuto.

El vicepresidente primero del Partido Justicialista, Gastón Galíndez, abogado y presidente de la Fundación Econativa, expresó a través de un comunicado en sus redes sociales la preocupación frente a las modificaciones que tanto el DNU 70/2023 como la denominada Ley ómnibus establecen en materia ambiental en el país. La preocupación, afirmó, es compartida por el Gobierno provincial.

Al igual que especialistas en la material, Galíndez advirtió que tanto la normativa que actualmente se trata en comisiones en el Congreso como el DNU en vigencia, atentan contra el medio ambiente ya que, entre otras disposiciones, “permite que los extranjeros tengan más tierras y se queden con los recursos naturales, con los espejos de agua, los cursos de agua”.

Asimismo, se refirió a los perjuicios que significa la modificación de la Ley de Bosques, habilitando desmontes en áreas en donde actualmente no está permitido, y a las modificaciones en términos de energía. Específicamente, la derogación de algunos artículos de la Ley N° 27.424, “Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica”. Según señalaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ello desarmaría el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus viviendas equipos de generación de energía para autoconsumo o bien para ser introducidas a la red.

“Esconden este retroceso al cuidado del ambiente y a la biodiversidad, que es nuestra casa común”, sostuvo Galíndez al tiempo que aclaró que por el principio de progresividad, “las normas y las doctrinas que se generan deben tender a proteger cada vez más el ambiente y la biodiversidad”. Sin embargo, resaltó que “estas normas tienen algunas modificaciones a nuestro esquema jurídico que trae preocupación en el ámbito de la protección del ambiente”.

Extractivismo

Ante la afinidad manifiesta del Gobierno provincial con el gobierno de Javier Milei, que expresamente afirmó que el cambio climático es “un invento del socialismo”, el dirigente aseguró que su preocupación es compartida por el Ejecutivo provincial. “La comparte y está trabajando respecto al cuidado de la biodiversidad”, garantizó.

Asimismo, a la luz del rol determinante del conjunto de legisladores nacionales que abiertamente responden al Gobierno provincial, el también secretario administrativo de la Cámara de Diputados fue consultado sobre la posición de los representantes en el Congreso. “Evidentemente, están trabajando. Lo dijo Calletti, así como está la ley no se puede votar”, respondió.

No está de más señalar, precisamente, que la legislación nacional vigente actualmente en materia de minería, particularmente de litio, requiere cambios urgentes. De acuerdo con expertos, la ventana de oportunidad que se abre frente al aumento de la demanda de litio en el mundo entero, podrá significar mejoras en la calidad de vida, reparación a los pueblos originarios y desarrollo, solo si se empieza por realizar modificaciones en el Código de Minería (vigente desde 1886) y la Ley de Promoción a la Inversión en Minería (del año 1993).

Al amparo de ambas normativas, se conoció desde la AFIP que la estadounidense Livent, con proyectos en Salta, declaró durante años solo el 45 % del valor real de lo que exportaba. Y no es el único caso.

Para Galíndez “la gente no percibe el riesgo del cambio climático. Lo considera recién ahora, cuando se empiezan a ver eventos extremos”. “Falta bastante conciencia en eso, hay mucho por hacer, la ciencia hace mucho que está hablando y hace falta que se tomen decisiones”, subrayó para luego, ante los reclamos en contra del modelo extractivista en la Provincia, limitarse a decir: “Siempre hay tensión entre las empresas y las comunidades. Entiendo que el Gobierno de la Provincia trabaja para resolver esas tensiones y que se pueda hacer un desarrollo sustentable. Lo importante es que las empresas cumplan con las normas y con la famosa licencia social, entiendo que en eso están trabajando”.

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