El gobernador de Salta anuló un decreto que imponía el límite de las 12 semanas para interrumpir una gestación. De esta forma, la provincia adhirió este jueves al protocolo de interrupción legal de los embarazos originados por abusos sexuales que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
Finalmente, el caso de una nena de 10 años en Salta que fue violada por su padrastro y quedó embarazada forzó a Juan Manuel Urtubeya que diera marcha atrás y habilitara el aborto legalen casos de violación en la provincia.
El gobernador, que se opone a la despenalización de la interrupción de los embarazos, anunció este jueves en su cuenta de Twitter que la provincia adhiere al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
A través del decreto 1170/12, que firmó Urtubey, Salta era la única provincia que imponía el límite de las 12 semanas para realizar un aborto legal en casos de violación.
Sin embargo, ante las intensos reclamos de la familia de la niña violada y de organismos como Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, el gobernador Urtubey con el decreto 584/18 anuló la norma anterior y habilitó los abortos no punibles en casos de abuso sexual.
El caso que tenía en vilo a Salta, se viralizó en las redes sociales y alcanzó relevancia a nivel nacional, tiene como víctima a una pequeña niña de 10 que fue violada por su padrastro y producto de esos abusos quedó embarazada.
Sin embargo, el embarazo ya lleva 19 semanas y se excedía del plazo que Urtubey había decretado como el límite para realizar un aborto no punible.
En el día de hoy, el gobernador cedió y la nena podrá interrumpir la gestación sin el riesgo de que ninguno de los involucrados sea castigado por la ley.
El comunicado de Urtubey en Twitter
“La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad.