Lo señaló la asesora de Incapaces N° 5, Eugenia Hernádez Berni, quien sostuvo: “Me llama la atención que el gobierno nacional esté preocupado por 600 menores a nivel país y que no le preocupen los otros 2 millones en situación de pobreza”.
Mientras desde el Gobierno nacional, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, avanza en la redacción de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de menores, desde la Asesoría General de Incapaces de la Provincia advierten sobre las consecuencias de una medida que evidencia tener poco asidero en la realidad.
“No es un tema que se pueda evaluar de manera aislada”, aclaró a medios locales la asesora de Incapaces N° 5, Eugenia Hernádez Berni, a la vez que recordó que “el Estado argentino tiene ratificados tratados de derechos humanos que están por encima de las leyes nacionales y algunos como la Convención de los Derechos del Niño tiene una jerarquía superior al Código Penal y el Régimen Penal de la Minoridad”.
En tal sentido, mencionó los artículos 40 y 41 de la Convención que se sugiere a los estados parte que definan una edad mínima, en Argentina definida en los 16 años, y establecen también un principio de no regresividad. “El Congreso se va a tener que enfrentar con la responsabilidad internacional que pueda generarle al Estado”, advirtió.
Asimismo, explicó sobre las razones que fundamentan la no imputabilidad: “Las pruebas documentales en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad del pensamiento abstracto todavía está evolucionando en los niños de 12 a 13 años debido a que la parte frontal de la corteza cerebral aún no está desarrollado (…), por eso no podemos pretender que un adolescente sea juzgado como un adulto”.
De acuerdo con lo que indicó la Asesora, además de las sanciones que podrían caberle al Estado nacional, “incluso alguna asociación de menores podría pedir una medida cautelar y que se haga una interpretación de esto que está queriendo hacer el gobierno para verificar si se ajusta a la Convención”.
Por otra parte, Hernández Berni precisó datos provenientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que solo 673 niñas, niños y adolescentes menores de 16 tuvieron alguna causa en la justicia penal de menores. “De estos, el 85% de las causas fueron delitos contra la propiedad, 15% fueron 13 causas de delitos contra las personas, 11 por lesiones y 2 por homicidio, ambas en grado de tentativa”, detalló.
“También hay otros parámetros de INDEC que dan cuenta de que los delitos cometidos por menores de edad no superan el 1%”, continuó la asesora para quien “estamos pretendiendo tapar el sol con el dedo”. “Si queremos hacerle creer a la sociedad que el problema de la inseguridad pasa por 600 niños, estoy dejando el 99% del problema de la inseguridad en Argentina”, cuestionó para luego enfatizar: “Me llama la atención que el gobierno nacional esté preocupado por 600 menores a nivel país y que no le preocupen los otros 2 millones en situación de pobreza”.
“Me parece totalmente desacertada la posición asumida y más bien lo relaciono con el derecho romano, que entretenían con el coliseo cuando el pueblo estaba pasando hambre”, cerró la Asesora. (E.B.)
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