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lunes, noviembre 16, 2026

“Conejo” Martínez bajo la lupa | ¿Se viene una intervención a Aguas Blancas?

El Procurador General de la Provincia informó a las Cámaras Legislativas sobre la situación institucional en Aguas Blancas, a partir de los vínculos del actual intendente Carlos Martínez, con el crimen organizado y un sector del Poder Judicial de Orán, encabezado por el juez Claudio Parisi.

La Procuración informó este lunes sobre el envío de una nota dirigida a los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado provincial, en la que se pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el municipio fronterizo de Aguas Blancas (departamento Orán).

En la nota, firmada por el Procurador Pedro García Castiella, se resalta la importancia de que los distintos poderes del Estado Provincial estén al tanto de la situación del actual titular del departamento ejecutivo municipal, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, se informa que el pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal actuante lo imputó por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos. Fue convocado a declarar el 12 de septiembre, optando por hacerlo ante el Juez de Garantías.

La misiva destaca que “son consortes de causa el Juez de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Norte, circunscripción Orán, Claudio Alejandro Parisi, y el abogado Roberto Ortega Serrano”, bajo la sospecha fundada de que Ortega accedió al expediente a cargo del Juez Parisi sin justificación procesal, en el cual la mencionada Unidad Fiscal solicitaba allanamientos en los domicilios del intendente, antes de que fueran autorizados. Esta información fue encontrada en los mensajes de WhatsApp del titular del ejecutivo municipal.

Por otro lado, señala que “resulta aún más llamativo” que los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación de la muerte violenta, por varios disparos, de su hermano César Daniel Martínez, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su residencia, ordenado por un juez provincial. Esta información fue recientemente comunicada a la Procuración General por la Unidad Fiscal.

Además, se informa que la persona mencionada está siendo investigada por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado por el homicidio de su hermano, ocurrido el 12 de noviembre de 2023, habiéndose allanado sus domicilios los días 12 de abril de 2024 y 5 de junio de 2024.

Por último, informó también que Carlos Alfredo Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de 5 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, ya cumplida.

Actualmente, Martínez también está imputado en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con un auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán el 24 de abril de 2023.

Mediante esta comunicación, el Procurador General pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el Municipio de Aguas Blancas.

Destaca que “corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal”.

Opciones

Con esta información en sus manos, la Legislatura se encuentra ante la posibilidad de actuar en consecuencia, teniendo entre sus facultades la posibilidad de una intervención al municipio, como ya sucedió en otras oportunidades, aunque todo dependerá del lineamiento político del Ejecutivo al respecto, si se tiene en cuenta la mayoría agravada del oficialismo en ambas cámaras.

El artículo 179 de la Constitución de Salta, establece como una de las causales de intervención por parte de la Provincia a un municipio, la “gravedad institucional”, la que según entienden algunos, se presenta de manera clara.

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