Desde el año 2016, el ex vicegobernador está relacionado en una causa, junto al empresario Matías Desimone por fraude en la entrega de viviendas y departamentos en diferentes puntos de la Provincia. IKBA, es la segunda empresa de Desimone que deja un tendal de afectados, con sumas millonarias involucradas.
Un negociado por estafa vuelve a reflotar en los medios por estos días. En este caso, se trata de un caso de estafa millonaria, que involucra directamente al diputado naciónal, Andrés Zottos. Es una denuncia realizada por más de 80 perjudicados que pagaron para la entrega de casas y departamentos, que dos años después, aún no fueron entregadas.
La vinculación con el ex vicegobernador viene por el lado de la inmobiliaria IKBA, la segunda empresa de la que es socio fundador Matías Desimone, y la segunda por la que es denunciado, por circunstancias muy similares. Según relató, allá por el 2016, el doctor Walter Escribas, uno de los principales damnificados, en el 2012 se apersonó hacia la inmobiliaria salteña, donde se enteró que los propietarios del fideicomiso que construía el edifico eran el mismo Desimone, Andrés Zottos y el empresario Juan Pedro Garín. Pagó 120 mil dólares, pero nunca le entregaron el departamento. Así como Escribas, existen otras casi 80 personas en igual situación, que pese a haber iniciado sus demandas legales hace casi cinco años, todavía no obtuvieron una respuesta concreta, y mucho menos, un resarcimiento económico.
Al parecer, no es la primera vez que el empresario Matías Desimone incurre en este tipo de delitos. Su otra empresa, Denario, también fue sancionada por haber estafado a cientos de viajeros con paquetes aéreos, y finalmente se declaró en quiebra en octubre de 2017.
Es decir que pese a tener en su haber las denuncias por las urbanizaciones Cielos del Valle, Cielos del Sur y otros edificios en Salta y Tartagal, todos debidamente denunciados, De Simone volvió a constituir una empresa, de forma legal, y volvió a perjudicar a cientos de ciudadanos. En este último caso, 31 acreedores reclaman un pago de 10 millones y medio de pesos.
En la causa penal que hoy enfrenta Desimone y el resto de los socios por la denuncia de Ricardo Cabrera, uno de los tantos damnificados de IKBA, Miguel Matías Desimone, tío de Matías, sostuvo que la firma quedó seriamente comprometida «por la quiebra de otra empresa no vinculada a ninguno de sus propietarios». Se refirió en esos términos a Denario, de la que el dueño del 50% del capital accionaria y se desconoce el tipo de vinculación que podría mantener actualmente por la inexistencia de edictos societarios publicados.
La vinculación de Andrés Zottos con el empresario se ha tratado de tapar mediáticamente, y sólo desde el entorno del ex vicegobernador se quiso fijar la postura de que él sólo era fiduciario, y propietario de la planta baja. Pero las actas constitutivas legales de la sociedad dan cuenta de otra cosa. En el año 2016, el semanario Cuarto Poder en su edición digital informaba que “el Contrato de Fideicomiso de Administración de “Torres de Tartagal” cuyo impuesto de sellos se pagó el 11 de mayo del año 2010, muestra al entonces vicegobernador como Fiduciante Clase A, Beneficiario y Fideicomisario. Una figura que define a quien aporta el terreno y en principio debe correr con los gastos de la iniciativa hasta que el gobierno municipal aprobara la obra a cambio de lo cual, Zottos se quedará con el primer piso del edificio en donde se montarán las oficinas de San Cristóbal Seguros, la aseguradora del actual senador de la nación.
El entorno inmediato de Andrés Zottos no negó el vínculo cuando en enero de este año el comprador indignado recorrió medios denunciando que seguía sin poder habitar el departamento que terminó de pagar en 2013. Fue entonces cuando el hermano de Andrés, cuyo nombre es Cristo, fue al encuentro de los medios para explicar que el ex vicegobernador era una víctima más del entuerto y que el responsable de todo era quien en el contrato de Fideicomiso aparecía como el Fiduciario: Matías Desimone.
Mucha gente, sobre todo en Tartagal, aseguran que la impunidad con que se manejó Desimone obedece a los vínculos con un Andrés Zottos quien en el año 2013 era vicegobernador.
Hoy, cuando ya pasaron casi cinco años de las denuncias, los artilugios legales han permitido que no haya ningún avance en las causas judiciales; ninguno de los denunciantes pudo recuperar todo el monto abonado, y tuvo que ir aceptando acuerdos claramente desfavorables, con tal de no quedarse con nada.