El Gobernador Gustavo Sáenz, impulsó desde el inicio de su gestión, que los ministros de su Gabinete tengan la misma protección que los legisladores electos por votación popular, pasando por alto la Constitución.
“Hay que dejarla a la justicia que trabaje tranquilamente y todos los funcionarios y me encantaría que no tenga fueros nadie, ni los senadores nacionales, ni los diputados nacionales, ni los diputados provinciales, que cuando haya una acusación, y esto también le sirve a cada uno, que vaya y se presente antes que lo acusen si es necesario, si hay un ‘run run’, que vaya y se presente a la justicia si no tiene nada que esconder”, declaró el gobernador Sáenz este martes ante la prensa.
La respuesta se dio en torno a la consulta sobre los presuntos vínculos de importantes funcionarios con el crimen organizado, particularmente el exsecretario de Seguridad y apoderado del partido saencista Pa.I.S., Benjamín Cruz, aunque también fueron nombrados en un video, el exministro de Seguridad, Abel Cornejo y el ex Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes.
Del dicho al hecho
Las declaraciones de Sáenz, que naturalmente no fueron refutadas por los cronistas que fueron condescendientes con el Gobernador, carecen de toda validez si se tiene en cuenta que fue él mismo quien impulsó ampliar la inmunidad que la Constitución le otorga a legisladores electos por votación popular, como una forma de preservar y garantizar su representatividad.
En la Ley de Ministerios nro. 8171, sancionada a fines de 2019, se establece que “Mientras duren en sus funciones, los Ministros y el Secretario General de la Gobernación gozan de las mismas inmunidades que los legisladores provinciales”.
Como se observa, una vez más el discurso público cae en la incoherencia, la contradicción y hasta en la mentira, ya que el accionar concreto es totalmente diferente a lo que se declara y con ello se devalúa el poder de la palabra de quien como primer ciudadano, debería honrarla.
Esta prerrogativa fue cuestionada severamente por diversos sectores políticos, pero como pasa habitualmente, se impuso la mayoría automática. Entre los argumentos expuestos, en aquel entonces, el exdiputado provincial, Carlos Zapata, señaló: “Ningún poder constituido puede arrogarse facultades que no le han sido conferidos por la Constitución y el Poder Legislativo no tiene facultades de otorgar inmunidades o fueros, los ministros no pueden tener un tratamiento diferente al de cualquier otro funcionario de la administración pública”.