La diputada provincial Sofia Sierra destapó un nuevo caso escandaloso que involucra a la empresa Todo Construcción SRL, propiedad de Gladis del Socorro Sánchez, actual presidenta del Instituto Provincial de Salud (IPS). La firma fue beneficiada con prácticamente todas las contrataciones directas realizadas por el gobierno desde que se declaró la emergencia hídrica.
Lo más alarmante es que las obras no se concentran en un solo departamento o municipio, como podría ser comprensible si se tratara de falta de oferentes, sino que Todo Construcción SRL ha sido contratada en diferentes puntos de la provincia, lo que despierta serias dudas.
Entre los ejemplos citados por la diputada se encuentran obras millonarias en La Silleta, Rosario de Lerma, Salta Capital, Aguaray, Tartagal y Salvador Mazza, todas adjudicadas de manera directa. La diputada enfatizó que estas obras incluyen desde la optimización de acueductos hasta la instalación de cañerías y la construcción de pozos de agua, y que, pese a la magnitud de los proyectos, no se ha registrado la participación de otras empresas del rubro.
“Parece que no hay otra empresa en toda la provincia que pueda hacer estas obras, y eso es algo que no podemos ignorar. La repetición de adjudicaciones a la misma empresa en diferentes lugares y por distintas obras es un foco rojo que requiere una investigación urgente”, advirtió.
Lo que hace aún más escandalosa esta situación es la vinculación directa de Gladis Sánchez, propietaria de Todo Construcción SRL, con el poder político de la provincia. Sánchez ocupa un cargo de alto rango en el gobierno, como presidenta del IPS, y además es una conocida amiga del gobernador Gustavo Sáenz. Este estrecho vínculo político explica el trato preferencial.
Incompatibilidad y evasión fiscal
Gladys Sánchez, como funcionaria pública, estaría violando las disposiciones de la Ley de Ministerios, que establece que los funcionarios deben abstenerse de ejercer actividades comerciales relacionadas con organismos públicos.
A la denuncia de tráfico de influencias se suma un gravísimo antecedente de Todo Construcción SRL: la empresa enfrenta actualmente una causa por evasión fiscal agravada ante la AFIP. Según la denuncia, la empresa habría evadido impuestos millonarios, lo que, lejos de ser un obstáculo, no ha impedido que continúe siendo premiada con más contratos públicos.
“Es inconcebible que una empresa que evade impuestos, que está siendo investigada por delitos fiscales, siga siendo beneficiada por el gobierno provincial. Esto demuestra que aquí hay algo más que una simple adjudicación de obras, hay un sistema de protección que favorece a quienes tienen los contactos adecuados”, sostuvo la legisladora opositora.
La diputada también cuestionó la total falta de controles por parte de la administración provincial sobre los procesos de contratación. “Desde que comenzó esta emergencia hídrica, Todo Construcción SRL ha ganado todas las licitaciones directas, no solo sin competencia, sino también sin que nadie se encargue de verificar si están cumpliendo con los requisitos legales y fiscales. Aquí hay una falta de transparencia absoluta que no podemos seguir tolerando”, afirmó.
Sierra agregó que este tipo de prácticas no solo afectan la credibilidad del gobierno de Gustavo Sáenz, sino que también violan la confianza de los salteños, quienes esperan que los fondos públicos se destinen a las obras que realmente necesita la provincia, y no a intereses particulares de quienes se benefician de sus vínculos con el poder.
¿Por qué siempre la misma empresa?
Todo Construcción SRL parece ser la única empresa capaz de realizar las obras: “¿Acaso no existen otras empresas en Salta con capacidad para realizar estos trabajos? Es difícil creer que, en una provincia con tantas empresas del rubro, siempre gane la misma”, cuestionó.
Sierra concluyó su intervención exigiendo una investigación urgente sobre las adjudicaciones y el papel que juega Gladys Sánchez en este entramado de corrupción. “Ante lo que estamos viendo, no podemos seguir siendo cómplices de este tipo de irregularidades. La sociedad salteña merece respuestas claras y, sobre todo, transparencia en el uso de los fondos públicos”, finalizó.