Junto a Formosa, Santiago del Estero y San Juan, nuestra provincia encabeza el ranking de jurisdicciones con menos acceso a datos oficiales.
Un relevamiento de las fundaciones Ruido y Poder Ciudadano mostraron que la provincia de Salta está dentro de las tres jurisdicciones con menos transparencia de la Argentina. Trabas burocráticas, obligatoriedad de presencialidad, sin acceso al Presupuesto, son algunos de los puntos que califican de la peor manera a la provincia, que solo es superada por Formosa y Santiago del Estero.
La forma de evaluar a las provincias en este sentido, tienen que ver con un puntaje ya establecido y se hace a través del Índice Nacional de Transparencia (Intra) que releva el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los 24 distritos. El Intra busca evaluar la existencia de herramientas e instrumentos que favorezcan la transparencia administrativa de los Ejecutivos.
En este sentido, solo dos distritos lograron la calificación de “Alta transparencia”: Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
En tanto, las peores ubicadas son Formosa, que quedó ultima en el ranking con 12,8%, seguida por Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, que obtuvo el 20,8%. Luego Salta, que tiene a Gustavo Sáenz en su segundo mandato, con el 37,9%. Estas provincias entraron dentro de la categoría “Insuficiente”.
Los principales puntos que ubican a la provincia gobernada por Sáenz entre las peores jurisdicciones es que mantiene oculta la posibilidad de acceder a los gastos y ejecuciones del Presupuesto y que no se puede presentar un pedido de acceso a la información si no es de manera presencial. Además, se detectó que pese a existir normas en 22 distritos para presentar declaraciones juradas de autoridades del Ejecutivo.
Otro de los puntos “flojos” que tiene Salta tiene que ver con la publicidad oficial. Tampoco se puede acceder a los registros de reuniones, de regalos o de viajes del mandatario. De hecho, es sabido que Sáenz utiliza el avión sanitario como su propio taxi, sin ningún tipo de tapujo y, ante la consulta de unos pocos medios, ni siquiera se puso colorado.
En Salta tampoco hay ningún listado completo y actualizado de todo el personal que trabaja en la Administración Pública que depende del Ejecutivo provincial, resultando difícil saber con exactitud cuánta gente emplea una gestión, quiénes son y qué cargos ocupan.
La provincia tampoco tiene datos accesibles y actualizados sobre la publicidad oficial distribuida. De hecho, el gobierno de Sáenz, tanto como lo tuvo el de Juan Manuel Urtubey, recibieron demandas por parte de organismos locales, para saber con precisión cómo se distribuyó ese dinero público. Solo se pudo conocer de años anteriores y por intermedio de amparos interpuestos.
Negación a la transparencia
En octubre pasado, un grupo de organizaciones presentaron una acción de amparo contra todos los poderes de Salta, por la falta de reglamentación e implementación de la Ley Provincial Nº 8.173 de Acceso a la Información Pública.
A pesar de que la ley fue promulgada en la provincia en el año 2019, su aplicación sigue sin ser efectiva debido a su falta de reglamentación y puesta en marcha. Esta maniobra de Sáenz impide uno de los derechos fundamentales: el acceso a la información.
“El amparo fue presentado ante la Corte de Justicia de Salta, reclamando que se reglamente la ley y que se garantice su plena implementación en todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ministerio Público. Dado que la propia Corte resulta demandada, el caso deberá ser resuelto por jueces y juezas subrogantes”, publicó el sitio Salta Transparente en esa oportunidad.