A pesar de que distintas encuestas nacionales de epidemiología arrojaron indicadores que esbozan un Análisis de Situación de la Salud Mental (ASIMe) en la provincia, la Secretaria de Salud Mental no las aprovechó para profundizar los senderos exploratorios que dejaron los sondeos.
* Rodolfo Ceballos
Para recordar, citemos al menos tres investigaciones exploratorias que balizaron la salud mental salteña.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), denostada recientemente por el Ministerio de Salud Pública de Salta, realizó en el 2018 el muestreo más completo para conseguir el ASIMe a nivel nacional en el marco de la Iniciativa Mundial sobre la Salud Mental, proyecto de midió diversos aspectos, entre ellos el epidemiológico. El proyecto mostró la prevalencia de las enfermedades mentales, los factores de riesgo y la falta de protección, como el daño y la discapacidad que ocasionan.
La encuesta incluyó más de 200 casos en Salta y, con los resultados en mano, la anomia y el gatopardismo del sistema, archivó los datos entregados por la OMS, repetimos, tan subestimada por el perro del hortelano (no come ni deja comer), que cual fantasma del Poder, ronda en el institucionalismo de la salud mental local.
Otra encuesta fue la de UNICEF, realizada en 2023 que buscó hacer el ASIMe con datos de niños y adolescentes. La investigación abarcó varias provincias, incluida Salta.
Las conclusiones obtenidas para nuestra provincia son las siguientes:
– Los niveles de sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida son mayores en personas más jóvenes y con un estatus socioeconómico autopercibido menor.
– El cuadro en general de salud mental requiere políticas de monitoreo, detección precoz e intervención.
El sendero que marcó UNICEF tampoco fue profundizado por el ‘hortelanismo’ en salud mental. Por lo tanto, aún quedan grandes deudas políticas en la materia.
Para UNICEF hay tres aspectos que en Salta no se consideran: la encuesta relevó que en el ítem de la “Sintomatología psicológica inespecífica” existe un aumento de la ansiedad y depresión en comparación con años anteriores; en el ítem “Riesgo suicida”, los jóvenes y personas con un estatus socioeconómico más bajo están más expuestos al evento; finalmente, en el punto del “Acceso al tratamiento psicológico”, quedaron identificadas las barreras para acceder a servicios de salud mental, especialmente en áreas rurales.
Por último, la encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, realizada el año pasado con 2.852 casos en los que se incluyó a salteños, obtuvo un dato de gran valor psicológico y significativo por su alto porcentaje: el 72% afirmó que los problemas económicos afectan en gran medida a su salud mental.
Las pistas que estas tres encuestas mencionadas dejaron en el camino de la salud mental salteña, imponen un senderismo sanitario con brújula. Es necesario profundizar los sondeos, realizar localmente otras encuestas epidemiológicas para determinar la real necesidad de servicios de salud mental y, en base a eso, guiar las políticas para la capital y los departamentos de la provincia.
Para lograr ese senderismo virtuoso, se debe aclarar la nebulosa que hay sobre el Plan de Salud Mental provincial. Es información pública saber si hay o no un plan maestro que hace brújula para el camino.
La comunidad tiene derecho a conocer el marco jurídico del Plan de Salud Mental, el presupuesto asignado, su dotación de personal y la existencia de servicios eficientes para instrumentar atención de calidad y accesibilidad. Ese sería el senderismo sanitario al interior del sistema de salud mental.
En el otro nivel, el exterior, el comunitario, queda pendiente hacer la promoción de la salud mental para remover los sesgos discriminatorios y estigmatizantes que tienen los sufrimientos mentales.
Sin encuestas locales epidemiológicas regulares y que sean política pública provincial, no se puede mantener actualizado el conocimiento del estado de la salud mental de la población en general; tampoco describir la percepción que tienen los pacientes y sus familias acerca de la oportunidad de los tratamientos que se brindan; menos identificar las principales dificultades que se presentan en el proceso de búsqueda de un tratamiento.
Es perentorio aplicar la racionalidad política, no el gatopardismo, en la toma de decisiones políticas con el fin de reducir la carga que significan las enfermedades mentales, prevenir las discapacidades y desarrollar la rehabilitación.
(*) Trabajador social, psicólogo, especialista en salud mental, periodista.