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sábado, agosto 29, 2026

La doble vara de Saravia Quipildor por la suba de impuestos: cuestiona a unos y se hace el distraído con otros

El titular del Ente Regulador apuntó contra varios municipios por la suba de tributos municipales. Sin embargo, nada dijo del excesivo aumento de “La Muni” de Durand.

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ERSP) Carlos Saravia Quipildor, apuntó contra algunos municipios por la suba de tasas municipales y hasta sancionadas si no se adecúan las tarifas y se manda toda la información al Ente. Sin embargo, el municipio de Salta, que subió sus impuestos muy por arriba de la inflación, parece gozar de una llamativa indulgencia por parte de Saravia Quipildor.

El Ente Regulador dice haber tomado esta postura firme, argumentando que afectan directamente la tarifa final que pagan los usuarios de los servicios públicos. No obstante, esta rigurosidad no se replica en todos los casos, ya que en el municipio de Salta los aumentos parecen pasar desapercibidos.

Este accionar selectivo ha encendido la polémica, ya que los intendentes empiezan a cuestionar la falta de equidad en los controles.

La situación cobra mayor relevancia considerando que el municipio de Salta ha aplicado aumentos que impactan directamente en la facturación de los servicios, pero el Ente Regulador no ha tomado medidas al respecto.

Según se conoció en una resolución de ese organismo ayer, los municipios apuntados por Saravia Quipildor son: Cafayate, Tartagal, Orán y General Pizarro. Estos municipios tienen ahora 30 días para adecuar tarifas y enviar información al Ente.

Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe un criterio objetivo o si las decisiones del organismo responden a otro tipo de intereses. Emiliano Durand, en el 2024, incrementó casi un 500 por ciento los tributos municipales, frente a un 192 de inflación.

La dispar actuación del Ente Regulador genera dudas y se espera que se establezcan reglas claras y parejas para todos los municipios. Tras esto, sobrevuela una percepción de arbitrariedad que seguirá empañando la credibilidad del organismo y generando un clima de desconfianza en la administración de los servicios públicos.

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