La Cámara de Diputados tratará este martes el proyecto enviado por el Gobernador, para contraer un otro crédito y los fondos se utilizarán para obras de infraestructura minera. La riqueza del suelo se exporta y en lugar de aportar Salta, deja una deuda a veinte años.
La Cámara de Diputados de Salta tratará el proyecto de ley envido por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, solicitando autorización para un endeudamiento provincial de 100 millones de dólares a pagar en veinte años en cuotas semestrales y con un interés superior a los 233 puntos básicos, teniendo en cuenta que una parte de la tasa es fija y otra variable.
Los fondos serán destinados a la ejecución del Programa denominado «Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta». Tan rimbombante nombre, no es más que obras para la infraestructura minera, particularmente rutas provinciales y la nacional 51, cuya reparación y pavimentación ejecutará la provincia en lugar de Nación, tal fue el resultado de las arduas gestiones de Gustavo Sáenz ante la Casa Rosada.
¿Qué obras?
En el mensaje que acompaña el proyecto de ley, lo que cuenta como fundamentos del proyecto, se indica que, en territorio salteño, el Corredor Bioceánico “presenta un estado fragmentado y obsoleto”, por lo que el crédito tendrá como principal destino las obras viales.
No obstante, en el artículo cuarto, se plantea la finalidad de “promover el desarrollo sostenible y la integración territorial de Salta, mediante inversiones en infraestructura vial, en sistemas de agua y saneamiento en áreas estratégicas y en la dotación de tecnología para puestos de control fronterizos”.
En el mensaje que acompaña el proyecto de ley, se indica que en San Antonio de los Cobres y Olacapato, hay “una situación crítica en cuanto al acceso a servicios básicos: menos del 40% de la población accede de forma regular a agua segura, y solo una fracción cuenta con redes cloacales o sistemas de tratamiento de efluentes”.
La Ley del Poder Ejecutivo, a priori se reserva un margen de discrecionalidad, ya que, en el articulado del proyecto, no hay mención específica sobre cuáles y dónde se ejecutarán las obras agua potable y/o saneamiento. Algo similar ocurrió con el crédito que en 2016 tomó Urtubey por el Fondo del Bicentenario, por 350 millones de dólares y cuyos pagos, se siguen amortizando tras una doble instancia de refinanciación.
En definitiva, el “Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta”, en el que deberían estar especificadas las obras y un estimativo de costo y plazo de ejecución, no es un documento oficial de acceso público, no figura en el proyecto de ley enviado por Sáenz y tampoco en el Boletín Oficial de Salta.
Minería extractiva
El crédito que toma el Gobierno de Sáenz es un fiel reflejo del carácter extractivista de la minería en Salta, una actividad que atraviesa el repunte de su actividad más importante en varios años y que, sin embargo, deja un pasivo financiero por los próximos 20 años y el pasivo ambiental y social.
Tomar crédito para financiar la infraestructura de la actividad minera es además de un mal negocio, un desacierto político. Por cierto, deja en letra muerta a la Ley provincial 8164 de Promoción Minera, cuyo principal eje es que las compañías mineras inviertan en infraestructura anticipando el pago de regalías mineras.
Si la Provincia paga las obras de infraestructura y las regalías se pagan a diferido y en base a declaraciones juradas, las poderosas empresas trasnacionales, naturalmente, no harán las inversiones. (PRA)
USD100 millones | Nuevo endeudamiento para el siempre lejano “Corredor Bioceánico”