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lunes, noviembre 16, 2026

Fuerte advertencia | Un estado provincial, vinculado al narco, arma causas en Salta

El sector político que gobierna la Provincia desde hace seis años, fue acusado duramente en el Congreso y la denuncia es de enorme impacto. ¿Hay garantías constitucionales o vale todo para el oficialismo provincial?

La semana pasada, el gobernador Sáenz, lamentó en la TV porteña, “no tener contactos a nivel judicial”, para impedir la intervención del PJ Salta, partido del que él mismo había dicho que se fue hace mucho tiempo para armar su propio sello, el partido Identidad Salteña (Pa.I.S).

Lo dicho por Sáenz, naturalmente no tiene que ver con la justicia provincial donde hay más que contactos, sino con el fuero federal. En cualquier caso, tampoco hay veracidad en ello, si se tiene en cuenta los encuentros de vieja data en Pinamar, con el fiscal federal Carlos Stornelli, tras haberse iniciado la causa por las facturas truchas en la Municipalidad, cuya competencia fue desguazada entre fueros federales y provinciales, lo que permitió que la investigación tenga un efectivo congelamiento y no avance.

Por otra parte, otra evidencia de “contacto real” con ese fuero, fue la reunión de febrero pasado, entre el gobernador Sáenz y el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, solicitando la designación de más fiscales interinos, salteando el trámite de la intervención del Congreso nacional. Más allá de que técnicamente el Procurador sólo puede designar auxiliares fiscales, el pedido de Sáenz, dejó constancia de cierto “contacto” con el ámbito judicial federal.

También en mayo, el gobernador salteño, compartió copas con funcionarios de la justicia federal y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, en el club 20 de Febrero.

ESTADO PROVINCIAL NARCO

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el bonaerense Rodolfo Tahilade, hizo una muy dura acusación al saencismo, al momento de plantear como improcedentes, los planteos contra su par de bancada, el salteño Emiliano Estrada, desmintiendo que éste último se haya ausentado a una declaración indagatoria en el marco de la causa por peculado por la presunta utilización de fondos públicos para difusión de videos que habrían generado “intimidación pública”.

“…el diputado nacional Emiliano Estrada no se ausentó a ninguna declaración indagatoria, lo que hubo fue una citación audiencia judicial imputativa, que, en el nuevo Código, significa, presentación de cargos”, dijo Tahilade, recordando que en nuestra provincia, rige el Código Procesal Penal Federal, por lo tanto, no hay tal instancia.

Explicó que Estrada, “no faltó a la audiencia porque se le ocurrió, sino porque hizo planteos de incompetencia del juez que estaba pidiendo el desafuero por ausencia o inasistencia a la audiencia imputativa”.

“Acá no se trata de que nuestro compañero está acusado de lo mismo que lo acusan a Espert, sino que está siendo perseguido por un estado narco, por un estado provincial que tiene complicidad con el narcotráfico y por eso lo están persiguiendo y por ello es la cantidad de causas que le han abierto, justicia provincial, justicia federal en Salta”, denunció Tahilade.

¿OPERACIONES POLÍTICAS EN DEAN FUNES Y ESPAÑA?

Tahilade, resaltó que la citación a Estrada a una audiencia imputativa no está firme, como tampoco, la competencia del Tribunal salteño que está pidiendo el desafuero, lo cual fue objetado en la instancia de casación, donde se le dio la razón porque citó a una audiencia para resolver la competencia, si lo investiga la jueza Mariela Giménez de Salta o el juez Casanello de Capital Federal.

“No podemos avanzar en el tratamiento de un desafuero, cuando la jueza que lo está pidiendo, no tiene definida la competencia por parte de sus superiores, una vez que lo resuelva, el diputado estará en condiciones de presentarse ante quien lo requiera, pero ante un juez competente, no está señora que además es subrogante, está concursando para la Cámara Federal de Salta y está haciendo todos los deberes para que el Gobierno la nombre”, indicó el diputado.

Más allá de las cuestiones formales y procesales, la denuncia de Tahilade caracterizando con frontalidad como narco al Estado provincial, no deja de ser alarmante y habilita la una inquietante pregunta: ¿en Salta hay garantías constitucionales o un mismo sector acapara todas las instituciones para desde allí, perseguir opositores y sacarlos de la escena?

 

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