La denuncia de Marlén Villarrubia revela un accionar policial fuera de la ley: golpes, amenazas y días sin registros oficiales. El Estado vuelve a quedar bajo sospecha por prácticas que, al parecer nunca se fueron.
El Estado salteño volvió a cruzar una línea que jamás debería haberse vuelto a trazar. Marlén Villarrubia estuvo desaparecida desde el 7 de enero y nadie, ni el Ministerio de Seguridad, ni la Justicia, supo, quiso o pudo explicar dónde estaba. Recién el sábado apareció y su relato es un cachetazo a cualquier discurso oficial sobre “orden y seguridad”.
“La Grillo”, mujer trans, muy conocida en la comunidad LGBTIQ+, denunció haber sido detenida de manera irregular por efectivos de la Comisaría Segunda sin papeles, sin actas y sin derechos. Golpes, malos tratos, coacciones y amenazas forman parte del cuadro que describió públicamente. No fue un procedimiento: fue un abuso de poder en estado puro.
Su aparición no fue casual ni obra de la buena voluntad policial. Todo indica que fue la presión constante de la militancia LGBTIQ+ la que forzó el desenlace. Redes sociales inundadas con su imagen, denuncias públicas y el trabajo de organismos de derechos humanos empujaron a una fuerza que, una vez más, actuó en las sombras.
“Estuve desaparecida justamente porque la policía de la Segunda me llevó detenida, sin justificación alguna”, contó Marlén a Canal 10.
La excusa policial fue una supuesta orden de captura federal. Pero el dato clave es demoledor: esa orden era de 2021 y ya no tenía vigencia. Aun así, Marlén fue retenida sin firmar ningún documento, sin constancias médicas y sin registro alguno. Estuvo en el Centro de Contraventores, pero su ingreso fue rechazado sin labrar acta. No figura en el 911. No figura en ningún sistema. Para el Estado, durante días, no existió.
Eso tiene un nombre y no admite eufemismos: desaparición forzada en democracia. Mecanismos oscuros que se suponían enterrados siguen funcionando en Salta, con uniformes nuevos pero prácticas viejas. En Salta parece que la violencia institucional se vuelve rutina.
La responsabilidad política es clara y tiene nombre y apellido. El ministro de Seguridad, Gaspar Solá, es la cabeza de la fuerza policial. No puede fingir sorpresa ni esconderse detrás de comunicados tibios. Cada detención ilegal, cada golpe, cada abuso cometido bajo su gestión lo señala directamente.
Este caso expone, además, una faceta particularmente cruel del Estado: la homofobia institucional. El trato inhumano y degradante contra una mujer trans no es un exceso aislado, es parte de un patrón. Un mensaje peligroso que habilita la violencia contra quienes ya viven en los márgenes.
“Soy una sobreviviente. No me voy a ir de Salta hasta que se haga Justicia”, dijo Marlén. La Justicia ahora tiene la obligación de estar a la altura. Identificar responsables, sancionar a los culpables y desarmar de una vez estos engranajes clandestinos. Porque si el Estado puede borrar a una persona por días sin dejar rastro, nadie está a salvo. Y eso, en democracia, es inaceptable.