En Salta, la norma fue directamente bloqueada por la falta de calidad institucional del mismo sistema de salud mental. La votación a favor del presupuesto nacional de la totalidad de legisladores, anticipa un respaldo a la reforma que impulsa el Gobierno nacional.
Por Rodolfo Ceballos (*)
Ni la gente en la calle ni los acuerdos políticos pasajeros logrados en el Congreso hace 15 años, alcanzaron para mostrar el virtuosismo jurídico, sanitario y clínico de la Ley nacional de Salud Mental 26.657. Hoy cuestionada más que nunca por el imperativo del cambio de época política en Argentina.
La norma se aplica con enormes restricciones en todo el país por decisión política de los federalismos iliberales que reinan en la mayoría de las provincias. A pesar de que buena parte de las 24 jurisdicciones viven sin republicanismo provincial (condición indispensable para aplicarla), no faltan los entusiastas defensores que creen que los gobernadores y la Salud de la Nación, deben instrumentarla en nombre de los derechos fundamentales. Es como que ignoran el recio ajuste fiscal y la desaparición del contexto adecuado que hubo, para instrumentarla.
Los mismos defensores de la ley no exigieron en su momento su aplicación. Optaron por un silencio táctico, y seguir apoyando la política que no la instrumentó. Fueron funcionarios de la salud mental del gobierno que la promulgó y reglamentó.
Los antireformas tienen o tuvieron experiencias en cargos expectantes, generalmente políticos o académicos; hoy están muy activos con su opiniones y publicaciones.
Para citar a los más relevantes: Leonardo Gorbacz, político y ex-diputado, autor de la ley, Alberto Trímboli, académico y ensayista, y Jaschele Burijovich, académica y militante del cumplimiento de la 26.657. Cada uno desde sus propias extracciones institucionales, sostienen argumentos que no tienen resonancia -en el debate público- a favor de la ley.
Todavía hay argentinos que creen que el poder de la norma se lo gana con la presión de la gente en la calle y con el activismo ciudadano. Este método, al parecer, dejó de ser efectivo porque en el Congreso esperan varios proyectos de reformas tuvieron luz verde.
Hay una causalidad estructural que los antireformas no la consideran en sus reclamos: el veto del federalismo iliberal, la partidización de la salud mental en desmedro de una política pública y las oportunidades políticas desaprovechadas.
No advierten que la norma solo funciona en la democracia liberal, no en la iliberal. Ésta se caracteriza, en varias provincias, por la persistencia de formas de gobierno con baja calidad republicana, escaso control ciudadano y resistencia a los estándares de derechos humanos. El efecto del iliberalismo en algunas gobernaciones produjo que no avancen los derechos humanos ni el republicanismo.
Es en vano exaltar la defensa de la ley como un proceso eternamente dependiente de la militancia, sin señalar las responsabilidades estatales concretas ni las condiciones estructurales que perpetúan la fragilidad del sistema.
En Salta, fue directamente bloqueada por la falta de calidad institucional del mismo sistema de salud mental.
La provincia no descarta apoyar la reforma a la 26.657 en nombre del pacto político con el gobierno nacional. Salta puso sus diez diputados para aprobar el recorte en Salud en el Presupuesto Nacional. Lo que sigue es previsible: más ajuste y restricción de los derechos consagrados en la 26.657.
Hasta ahora la opinión pública desconoce si hubo alianzas fallidas entre el activismo y los decisores estatales, ni por qué las ventanas de oportunidad políticas (ministerios con orientación progresista, organismos de derechos humanos fortalecidos y otros ejemplos) no se tradujeron en institucionalidad duradera.
Los antireformas aún no examinan las correlaciones de poder concretas: ¿qué actores estatales se opusieron para la vigencia de la norma?, ¿qué ministerios, gobernadores o corporaciones médicas bloquearon la implementación?, ¿por qué los órganos de revisión y los dispositivos comunitarios quedaron en precariedad y nunca se consolidaron como política pública estable? Sin este análisis, la narrativa se queda en el plano moral (activismo vs. regresión) y no en el plano político-institucional. Les falta hacer autocrítica de los permitieron por omisión o negligencia.
El ex-asesor de la Organización Panamericana de la Salud, el argentino Hugo Cohen, escribió el ensayo más completo, hasta ahora, sobre cómo fracasó la aplicación de la 26.657. Lo tituló «Al margen de la ley de salud mental». Buenos Aires. Editorial Lugar (2025).
En su análisis advierte: «De igual modo, aquellos funcionarios que reconocen que no ha habido suficiente decisión política, pero han mantenido sus posiciones de conducción, ministerial u hospitalaria, asumir las responsabilidades que les competen y hacerse cargo de lo que no se hizo. De lo contrario, parecería que sostienen una cuestionable ambivalencia, una doble posición, un doble discurso que, sin lugar a dudas, genera desconcierto e impotencia en quienes han sido afectados por la falta, insuficiencia o malos servicios recibidos, una forma que puede percibirse como ejercer violencia desde el Estado. Lo opuesto al significado del término ministerio: servir”.
(*) Periodistas especializado en temas psicosociales y en salud mental.