El ministro de Economía detalló cómo el capítulo fiscal de la reforma laboral golpea de lleno a la provincia: $60 mil millones menos para hospitales públicos y beneficios concentrados en grandes empresas.
Roberto Dib Ashur fue más allá de la defensa retórica y puso cifras concretas sobre la mesa. Al analizar el capítulo fiscal de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, el ministro de Economía de Salta explicó que la reducción del impuesto a las Ganancias implicará una pérdida anual de $60 mil millones para la provincia, recursos que hoy sostienen, entre otras áreas, el funcionamiento de los hospitales públicos.
La exposición no solo describe un impacto económico: desnuda una contradicción política. Mientras el gobierno provincial sostiene un discurso de “diálogo y entendimiento” con la Casa Rosada, uno de sus principales funcionarios advierte que la reforma perjudica de manera directa a Salta y compromete servicios esenciales. El dato, dicho desde adentro, incomoda más que cualquier crítica opositora.
Dib Ashur también puso el foco en el destino de ese alivio fiscal. Según señaló, la medida beneficiará únicamente a 144 grandes empresas, una distribución que calificó como injusta.
Menos recursos para el sistema de salud provincial y más ventajas impositivas para un grupo reducido del sector privado: el esquema que describió el ministro está lejos de venderse como un sacrificio compartido.
Lejos de limitarse a la queja, el funcionario propuso una alternativa: avanzar sobre el impuesto al cheque para evitar que el ajuste recaiga sobre las provincias. El planteo vuelve a marcar distancia con la lógica del Gobierno nacional y deja en evidencia que existen otras opciones, aunque no todas parecen políticamente viables dentro del actual esquema de alineamientos.
De esta manera, Dib Ashur expuso una tensión que hasta ahora se mantenía bajo control. Cuando el propio ministro de Economía explica cómo una reforma perjudica a Salta, el problema ya no es técnico, si no político.