Mientras desde Nación piden a la provincia achicar gastos, la Cámara de Senadores de Salta tiene a su disposición una monumental cifra: 350 millones de pesos por año. Supuestamente se busca recortar de todos lados, sin embargo, el senado continúa significando una enorme erogación para el erario público.
Si existe una Cámara de la que poco se conoce su actividad, es la Cámara de Senadores de Salta. A diferencia de Diputados, la Cámara Alta se caracteriza por la falta de debate y por las sesiones express. Una peculiaridad del Senado es que se vota de una sola vez decenas de designaciones para el mundo de la justicia. Otra característica es que responde de manera sistemática de forma favorable al gobierno de turno desde hace décadas.
En una coyuntura marcada por la discusión en torno a donde ajustar, los gastos del Senado aparecen como una de las grandes erogaciones a tener en cuenta. En las jornadas organizadas por el Centro de Formación Política Juan Domingo Perón, sobre la Reforma Constitucional de Salta, el abogado Jacinto Dávalos, aportó datos contundentes. La Provincia destina 350 millones de pesos para el mantenimiento de toda la estructura de la Cámara Alta. Esto incluye, no sólo los sueldos de los senadores que superan los cien mil pesos, sino los gastos de inmuebles, pago a administrativos, el ítem de “agrupamiento político”, entre otros. La cifra resulta alarmante no sólo por la magnitud en sí misma, sino por la situación crítica que atraviesa la Provincia.
No solo el senado es caro para el Estado sino que es poco representantivo. En ese sentido Jacinto Davalos dijo: “El Senado es conducido por doce senadores que representan menos del 10% de la población de Salta, el 90% restante tiene sólo once senadores, esto significa que el 10% de la población tiene el poder de dar o no acuerdo a que se convoque o no referendúm, a que apruebe o no una ley, incluyendo la ley de presupuesto, a destituir o no al Gobernador, al vice, al fiscal de Estado, los jueces, el Ministerio Público, y lo más importante, el 10% de la población representada por sus senadores puede autorizar o no una reforma constitucional”.