El inicio del proceso por el femicidio de Mercedes Kvedaras quedó atravesado por la presencia de un actor con fuerte incidencia en la estructura judicial y política en Salta. Se encendieron alertas sobre la independencia del tribunal.
El comienzo del juicio contra el abogado José Eduardo Figueroa, acusado por el femicidio de su esposa en 2023 en el barrio cerrado El Tipal, no logró escapar a un elemento que excede lo estrictamente judicial. Antes de que se produjera la apertura formal del debate, la escena ya estaba condicionada.
En ese contexto, se hizo presente en la sala Luis Guillermo López Mirau, socio y amigo del imputado. Su aparición no pasó desapercibida. No se trató de un asistente más ni de un allegado circunstancial: su presencia tiene un peso institucional que trasciende lo personal.
Lo grave de todo es que López Mirau es secretario legislativo del Senado provincial, cuerpo que tiene entre sus atribuciones prestar acuerdo para la designación de jueces. A la vez, integra el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, el órgano encargado de evaluar y eventualmente sancionar a quienes deben impartir Justicia. Y, como si esto fuera poco, es esposo de Adriana María Rodríguez Faraldo, jueza de la Corte de Justicia de Salta.
Ese entramado de vínculos no es neutro dentro de una sala de audiencias. Mucho menos en un juicio de estas características, donde se investiga un hecho de extrema gravedad bajo la figura de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”. La sola presencia de una figura con ese nivel de incidencia introduce una tensión evidente.
No hubo declaraciones ni gestos explícitos. No hicieron falta. La señal fue otra: una presencia que, por lo que representa, puede leerse como una forma de presión o, al menos, como un recordatorio silencioso del poder que gravita alrededor del proceso.
El tribunal, integrado por Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, quedó así atravesado por un contexto que no debería formar parte de ningún juicio. No se trata de una irregularidad formal, sino de algo más difícil de medir y digerir, y al mismo tiempo, más delicado: el peso de las relaciones de poder dentro de un ámbito donde debería primar únicamente la ley.
En causas como esta, la independencia judicial no solo debe garantizarse en los hechos, sino también percibirse sin fisuras.