El juez federal Esteban Eduardo Hansen dispuso la «normalización» por 180 días y designó como interventor al ex ministro de Gobierno, Ricardo Villada. El encargado de ordenar al peronismo jujeño es un dirigente que ni siquiera es peronista.
La resolución judicial también dejó sin efecto las sanciones que habían suspendido a cientos de afiliados y candidatos, entre ellos sectores vinculados a la senadora Carolina Moisés, actual socia parlamentaria, critica de CFK.
Para el magistrado, la intervención partidaria anterior no solo fracasó en ordenar el partido sino que además incurrió en “vicios sustanciales” al restringir derechos políticos dentro de la estructura.
Rápidamente se encendió la discusión por el llamativo fallo, sobre todo por un detalle nada menor. Villada no es afiliado al PJ. Él mismo se encargó de repetirlo más de una vez: “No pertenezco al Partido Justicialista”. De hecho, en 2015 fundó Primero Salta, con el cual interviene. De esta manera en la provincia vecina, queda intervenido por alguien que ni siquiera forma parte de sus filas.
La explicación formal es que el interventor debe garantizar un proceso interno “transparente, libre y democrático”. La lectura política que empezó, sin embargo, va por otro lado: el nombre de Villada habría surgido de negociaciones donde también intervino el gobierno nacional.
En ese esquema, la decisión para algunos debilita al kirchnerismo dentro del PJ jujeño y fortalece a sectores dialoguista con la Casa Rosada.
El inefable dueño de la firma MIKRO, entre otras, ex ministro, un hombre de la mesa chica de Gustavo, ahora caé en paracaídas en Jujuy.