El aumento del transporte, las restricciones al boleto estudiantil y el cobro del trasbordo profundizan el ajuste y golpean de lleno a quienes intentan sostener sus estudios.
La discusión por el precio del transporte en Salta dejó de ser una queja aislada para convertirse en un síntoma más del ajuste que atraviesa la vida cotidiana. En una entrevista con FM Infinito, la estudiante de la Universidad Nacional de Salta, Paula Ramos, puso en palabras lo que muchos empiezan a sentir: estudiar también se está volviendo un lujo.
“Somos todos estudiantes y trabajadores”, explicó, al describir un escenario donde la pelea por el boleto ya no es sectorial. El reclamo apunta tanto al aumento del pasaje como a las restricciones del boleto estudiantil y a la eliminación del trasbordo, que golpea directo al bolsillo. “Queremos discutir estas medidas y organizarnos para recuperar nuestros derechos”, planteó.
El problema, según Ramos, ya no se puede separar del contexto económico general. “El costo se está haciendo muy grande, los salarios están planchadísimos, y esto está afectando la vida cotidiana”, dijo. La frase no suena novedosa, pero en su boca adquiere otra dimensión: la universidad como espacio que empieza a quedar lejos, no por vocación, sino por costo.
El diagnóstico se vuelve más crudo cuando baja al terreno social. “Las familias están hechas pelota”, lanzó, y describió una escena que se repite: dificultades para sostener lo básico, incluso la comida diaria. En ese contexto, el gasto en transporte aparece como una carga cada vez más difícil de justificar. Ir a cursar empieza a competir con la heladera.
En paralelo, también hubo críticas hacia la dirigencia sindical. Ramos apuntó contra la CGT, a la que acusó de “entregar derechos”, y mencionó la falta de respuestas del titular de la regional Salta de la central obrera, Carlos Rodas. “Hace tres meses que estamos pidiendo una nota, da vueltas, no sabe qué decir”, disparó.
Mientras tanto, en la universidad se gesta otra lógica de organización. La autoconvocatoria estudiantil busca unificar reclamos y ampliar la base del conflicto. “Nos están expulsando de la universidad con estas medidas”, resumió.
El impacto no se limita a los estudiantes. En las marchas, según contó, también participan jubilados y trabajadores, afectados por el costo del trasbordo. Según sus cálculos, un usuario frecuente puede perder hasta 116.000 pesos mensuales solo en transporte. Una cifra que, en tiempos de salarios estancados, explica por qué el boleto dejó de ser un detalle y pasó a ser un problema.