Mientras la violencia de género no da tregua, la respuesta del Gobierno es achicar el Observatorio. El ajuste también llegó a los derechos humanos.
El ajuste también llega a donde más duele. En la Legislatura salteña avanza un proyecto del oficialismo que apunta directamente contra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. La iniciativa propone que los representantes del Estado en ambos organismos trabajen sin cobrar un peso. Motosierra para todos.
El argumento es el de siempre: “optimizar el gasto público”. Implica que quienes deben monitorear políticas de género y prevenir violaciones a los derechos humanos pasen a cumplir funciones ad honorem.
El recorte no es menor. El Observatorio, creado para producir datos, diseñar políticas y visibilizar la violencia de género, cumple un rol clave en una provincia que sigue atravesada por femicidios y situaciones críticas. Y aun así, la prioridad parece ser ajustar ahí.
La contradicción es difícil de disimular: Salta continúa bajo Emergencia por Violencia de Género, pero la respuesta del poder político es achicar el área encargada de abordar el problema.
Para colmo, el movimiento no es aislado. El gobierno de Gustavo Sáenz empieza a mostrar cada vez más puntos de contacto con el modelo de Javier Milei: recorte en políticas de género, desmantelamiento de estructuras y una mirada que relega la agenda de derechos humanos a un segundo plano. A nivel nacional, la motosierra ya avanzó sobre el Ministerio de las Mujeres y redujo partidas en el área.
El proyecto de Ley lleva la firma del bloque mayoritario de la cámara de Diputados, encabezado por el güemense Germán Rallé, y se espera el apoyo del resto de los oficialistas.
En Salta, la versión local del libertarismo parece seguir el mismo libreto, aunque con tono más moderado y discurso más prolijo. El problema es el mismo: el ajuste no cae sobre la política, sino sobre los espacios que intentan contener, prevenir y visibilizar violencias estructurales.