Un pedido de informes en Diputados pone bajo la lupa a la empresa que crece en toda la provincia. Detrás del despliegue tecnológico, aparecen vínculos políticos y recursos públicos.
La expansión de Nubicom en Salta ya no es solo una cuestión técnica ni un tema de conectividad. La empresa creció a un ritmo sostenido en distintos puntos de la provincia y del norte argentino, con wifi público, videovigilancia e internet domiciliario, hasta que su desembarco finalmente hizo ruido en la Legislatura.
El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de Resolución que apunta a desmenuzar cómo opera realmente la firma: quiénes la integran, de dónde salen los fondos, qué contratos mantiene con el Estado y, sobre todo, qué infraestructura pública utiliza para prestar servicios.
El proyecto exige precisiones sobre subsidios, transferencias, aportes en especie y cualquier tipo de asistencia estatal. También pide detallar convenios con la Provincia, municipios y organismos descentralizados, además del uso de fibra óptica, antenas, edificios y redes públicas. La sospecha es tan simple como incómoda: que Nubicom no compite, sino que crece apalancada en el propio Estado.
En paralelo, el pedido busca dimensionar el alcance real del servicio: cuántas escuelas, organismos públicos y espacios comunitarios reciben conectividad, en qué condiciones y con qué nivel de funcionamiento. Incluso pone la lupa sobre los puntos de wifi gratuito, muchos de los cuales fueron anunciados como política pública pero hoy no tienen información clara sobre su operatividad.
Pero el punto más delicado no está solo en los números ni en la infraestructura. Está en los nombres. En el trasfondo político que rodea a la empresa.
En los mentideros periodisticos circula una sospecha persistente: la posible relación entre Nubicom y el todavía funcionario provincial Ricardo Villada.
Villada fue empresario del rubro de telecomunicaciones y tuvo participación en compañías del sector antes de asumir funciones públicas. Ocupó un rol clave dentro del Gobierno de Gustavo Sáenz, como ministro de Gobierno por seis años y hoy ostenta el cargo de Coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica. Esa trayectoria, lejos de disipar dudas, las alimenta.
Distintas publicaciones periodísticas ya habían puesto el foco en esa posible vinculación. En una de ellas se señala que el funcionario fue asociado a una empresa que habría crecido “en base a la estructura y plataforma que aporta la Provincia”. No hay confirmaciones oficiales, pero tampoco explicaciones claras. De ahí la importancia de la iniciativa en Diputados.
Mientras tanto, los datos concretos siguen acumulándose. Nubicom mantiene contratos con el Estado al menos desde 2018, cuando fue adjudicada para prestar servicios de transmisión de datos en el sistema de videovigilancia de la Policía de Salta, un vínculo que incluso tuvo ampliaciones posteriores.
El problema, entonces, ya no es solo quién está detrás de la empresa, sino bajo qué condiciones opera. Si recibe beneficios fiscales, si utiliza infraestructura pública sin competencia abierta, si cuenta con ventajas operativas que el resto del mercado no tiene. Y, sobre todo, si existe algún tipo de control real sobre todo eso.
