Advierten que el problema puede agravarse si no se regulariza los pagos pendientes. “Nos deben desde julio”, señalaron.
El escenario se repite con una velocidad que empieza a resultar preocupante. Las empresas prestatarias del transporte metropolitano advirtieron que están pensando en reducir unidades y frecuencias y aseguran que la situación podría empeorar si no se cancelan las deudas que, según sostienen, SAETA mantiene desde julio. Las compañías aseguran que la falta de fondos ya complica la compra de combustible y otras obligaciones necesarias para mantener los colectivos en la calle.
No es la primera vez que el sistema llega a este punto durante la gestión de Gustavo Sáenz, tras la quita de subsidios que decidió el Gobierno de Javier Milei. En junio, los empresarios directamente suspendieron el servicio nocturno y miles de trabajadores, estudiantes y usuarios quedaron sin una alternativa para regresar a sus casas. La reacción del Gobierno provincial llegó después de tres días de conflicto, cuando finalmente intimó a las empresas y consiguió que los recorridos nocturnos fueran restituidos.
Ahora la historia vuelve a empezar, aunque con otra modalidad. Las empresas no hablan todavía de una suspensión total, sino de una reducción de frecuencias, pero el efecto podría ser similar: más demora, más incertidumbre y menos previsibilidad para quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o simplemente volver a sus hogares.
Del otro lado están los empresarios, que reclaman el cumplimiento de los contratos y responsabilizan a la conducción de SAETA por el deterioro del sistema. La discusión sobre los costos es real: desde la quita de subsidios nacionales hasta el aumento del combustible, los salarios y los repuestos, el transporte arrastra una estructura cada vez más difícil de sostener. Pero la respuesta empresaria tampoco deja de tener consecuencias: cuando faltan recursos, la primera variable que termina afectando a los usuarios es el servicio.
Y en el medio queda, otra vez, la gente. El Gobierno provincial debe garantizar que un servicio esencial funcione con regularidad, mientras las empresas tienen contratos y obligaciones que cumplir. Sin embargo, la discusión vuelve a quedar atrapada entre deudas, intimaciones y negociaciones de último momento. En junio hubo que esperar varios días para que apareciera una salida.