La defensora oficial vuelve a estar entre los nombres del saencismo que competirán en 2027. Su cargo parece funcionar como plataforma de proyección política.
En Salta, algunos funcionarios parecen confundir el Estado con una propiedad personal y los cargos públicos con plataformas para alimentar sus propias ambiciones políticas. Ada Zunino, actual defensora oficial de la Provincia y exjueza recordada por ordenar la brutal represión a docentes durante las protestas de 2023, vuelve a aparecer en las conversaciones electorales del oficialismo. Según distintas fuentes, sería la propia funcionaria quien deja trascender sus aspiraciones: ya la mencionan como posible candidata a diputada nacional, diputada provincial y hasta vicegobernadora.
La cercanía personal de Zunino con el gobernador Gustavo Sáenz alimenta las especulaciones sobre su futuro político, pero también vuelve inevitable otra discusión: hasta dónde puede utilizarse la estructura estatal para construir una proyección individual. Una Defensoría no es una oficina de campaña, ni un cargo institucional debería convertirse en una vidriera para promocionar candidaturas. Sin embargo, en la política salteña, la frontera entre la función pública y los intereses personales se vuelve difusa cuando se trata de “amigos” del gobernador.
El caso adquiere otra dimensión por los antecedentes de la funcionaria. En 2023, Zunino quedó en el centro de las críticas por ordenar la detención de docentes que reclamaban mejoras salariales. También generó controversia por sus declaraciones a favor de la pena de muerte y por su actuación en expedientes judiciales que despertaron fuertes cuestionamientos, entre ellos el que involucró al entonces diputado Kuldeep Singh, acusado por un violento episodio en una empresa. A eso se sumaron interrogantes por el robo de 27.000 dólares que guardaba en su despacho judicial, pese a las restricciones internas para conservar dinero en esas dependencias.
Su trayectoria tampoco estuvo exenta de cuestionamientos por presuntas actividades ganaderas mientras se desempeñaba como magistrada en Tartagal y por su actuación en expedientes sensibles, entre ellos el vinculado a un femicidio que pudo haber tenido otra historia si un informe judicial hubiera recibido el tratamiento correspondiente. Estos episodios fueron parte de los antecedentes reconstruidos por Cuarto en una investigación sobre su paso por la Justicia.
Ahora, mientras su nombre circula como posible candidata, muchas dudas se generaron: ¿La Defensoría es el lugar desde el que Zunino pretende cumplir una responsabilidad pública o un escalón para llegar a otro cargo? Si bien aún no hay una candidatura formal, las versiones que circulan en el saencismo vuelven a poner sobre la mesa un problema recurrente: el uso de los espacios del Estado como capital político de quienes los ocupan, como si la función pública fuera una caja propia y no una responsabilidad ante la sociedad.