SITEPSA cuestionó las 300 designaciones y reclamó que Educación exhiba la documentación. También anticipan que el sindicato recurrirá a la Auditoría General de la Provincia.
La polémica por la denominada “escuela fantasma” sumó un nuevo capítulo con el reclamo de Sitepsa para que el Gobierno provincial muestre toda la documentación vinculada con las más de 300 designaciones que figuran en un establecimiento que, según denuncian desde el sector docente, no tendría sede física ni alumnos. Brígida Laureano, integrante de la comisión directiva del gremio, sostuvo que existe “indignación” en la comunidad educativa y cuestionó que se destinen recursos a una institución cuya existencia y funcionamiento no aparecen debidamente acreditados.
“Desde Sitepsa, así como toda la comunidad educativa, estamos indignados por este supuesto establecimiento educativo que no tiene sede física, que no cuenta con ningún alumno, que no hay informes pedagógicos, donde figuran más de 300 cargos docentes”, señaló Laureano. Y trazó un contraste con la situación cotidiana del sistema educativo: “Como contrapartida tenemos escuelas que se caen a pedazos, los sueldos están totalmente caídos. No puede haber este tipo de manoseo del Gobierno con cargos en una escuela inexistente”.
La dirigente sindical puso además el foco en el mecanismo mediante el cual se habrían producido las designaciones. Según planteó, no se trataría de cargos obtenidos mediante los procedimientos habituales de la carrera docente, sino de nombramientos que habrían quedado por fuera de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina y de los correspondientes órdenes de mérito. “Son cargos reservados con imputación presupuestaria, designados a dedo por punteros políticos, gremiales, parientes, amigos del poder, al margen de las leyes y del control y de la aplicación de normativas”, afirmó.
Laureano insistió en que el Gobierno debe transparentar la situación y responder con documentación concreta. “Los que tienen que salir a mostrar los papeles es el propio Gobierno, a través de la ministra de Educación, Cristina Fiore, y del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker”, sostuvo. En ese sentido, reclamó conocer quiénes fueron designados, dónde cumplen funciones y qué partida presupuestaria se está destinando a esos cargos, al considerar que “es dinero público”.
Desde Sitepsa, además, anticiparon que el reclamo no quedará solamente en declaraciones públicas. “Nos estamos constituyendo para pedir ante la Auditoría General de la Provincia todas las acciones que sean necesarias”, explicó Laureano. Para el gremio, las explicaciones dadas hasta ahora por las autoridades educativas no resultan suficientes y la respuesta debería pasar por exhibir la documentación que permita determinar cómo se creó la estructura, cómo se asignaron los cargos y bajo qué normativa.
La dirigente también vinculó el episodio con el conflicto que mantiene el Gobierno con parte de la docencia salteña. “La docencia está indignada con esto. Hay 117 docentes cesanteados por ejercer el derecho a huelga, y miren lo que está pasando con esto”, planteó. Y agregó otro dato que, a su entender, profundiza la contradicción: “También el Gobierno ha abierto sumario a 100 docentes por supuestos postítulos truchos. Acá hay mucha gente que no tiene título”.
En ese contraste está buena parte del planteo sindical: mientras el Estado exige a los docentes el cumplimiento estricto de las normas para acceder y permanecer en sus cargos, Sitepsa reclama que esas mismas reglas sean explicadas y exhibidas cuando se trata de designaciones que involucran recursos públicos. “Así como nos exigen todo a los docentes, ellos también tienen que cumplir con la normativa”, finalizó Laureano.