Los empresarios amenazaron con recortar frecuencias desde hoy por falta de pago por parte del Gobierno provincial. En el Ejecutivo hablan de “normalidad” del sistema.
El sistema de transporte público de Salta volvió a quedar al borde de una reducción de servicios y, una vez más, el Gobierno de Gustavo Sáenz reaccionó cuando el conflicto ya amenazaba con trasladarse a los usuarios. Tras la advertencia de las empresas de los corredores 1 al 8 por las deudas que Saeta mantiene con las prestatarias, la Provincia aseguró que este martes los colectivos circularán con normalidad, aunque sin explicar cómo resolvió —o cómo piensa resolver— el problema financiero que originó la amenaza.
La secuencia expone una forma de administrar que se repite: los empresarios denuncian atrasos, advierten que no pueden sostener la prestación y ponen sobre la mesa la posibilidad de recortar servicios; recién entonces aparecen las gestiones oficiales para desactivar la crisis. Esta vez, las operadoras argumentaron que la falta de pago por los servicios de septiembre y octubre comprometió su capacidad de crédito y les impide continuar comprando el combustible necesario para mantener las unidades en circulación. El Gobierno, en cambio, se limitó a garantizar que habrá colectivos, sin precisar si transfirió fondos, acordó un cronograma de pagos o encontró alguna alternativa para evitar que el conflicto vuelva a escalar.
La respuesta oficial tampoco despeja las dudas sobre la continuidad del servicio. Según informó El Tribuno, las consultas para conocer qué gestiones permitieron frenar la medida no obtuvieron respuestas, mientras que los propios empresarios consultados no tenían precisiones sobre cómo se solucionaría la falta de recursos. La promesa de normalidad, por lo tanto, llegó antes que las explicaciones sobre las condiciones que permitirían sostenerla.
No es la primera vez que Salta atraviesa esta situación. En mayo, las empresas denunciaron atrasos en los pagos y, días después, los usuarios terminaron pagando las consecuencias con la suspensión de los servicios entre las 23.30 y las 5.30. En agosto, las prestatarias volvieron a reclamar por una deuda que estimaban en unos 14.000 millones de pesos y señalaron que seguían pendientes compromisos asumidos por la Provincia. En septiembre hubo nuevas advertencias de suspensión, intimaciones y negociaciones que permitieron postergar las medidas. Ahora, con nuevos períodos adeudados y otra amenaza sobre la mesa, el conflicto vuelve a exhibir la misma fragilidad.
En este esquema, Saeta rechaza las medidas empresariales y llega a calificarlas de ilegales, pero esa posición no alcanza para garantizar el funcionamiento del sistema si las obligaciones económicas siguen sin resolverse. Las empresas no pueden imponer sus condiciones sin discusión, pero tampoco alcanza con exigirles que mantengan los servicios mientras denuncian que no cuentan con recursos para comprar combustible. Entre las responsabilidades de las prestatarias y las del Estado, hay una obligación que no debería quedar sujeta a una negociación de urgencia: garantizar que los pasajeros puedan viajar sin depender de la próxima amenaza empresarial ni de la capacidad del Gobierno para conseguir una salida a último momento.
Por ahora, los colectivos circularán con normalidad. Lo que sigue sin conocerse es qué cambió para que puedan hacerlo y cuánto tiempo puede sostenerse esa normalidad si las deudas continúan pendientes. En el Gobierno de Sáenz parecen conformarse con haber desactivado la amenaza de hoy, aunque el problema que la provocó siga esperando una respuesta.