Vaqueros, Coronel Moldes y Tartagal fueron escenario de tres muertes que sacudieron a la provincia durante el fin de semana largo. La mira está puesta en Nicolás Avellaneda.
La violencia volvió a golpear a Salta y lo hizo con una sucesión de episodios que dejaron tres personas muertas en distintos puntos de la provincia. Entre el sábado y el lunes, Vaqueros, Coronel Moldes y Tartagal fueron escenario de muertes que, aunque tuvieron circunstancias diferentes, volvieron a instalar una pregunta cada vez más difícil de esquivar: ¿qué está pasando con la seguridad en Salta?
El fin de semana largo terminó con un saldo dramático, en una provincia que todavía no logra salir de la conmoción por la muerte de Gregorio “Gogo” Ramos, ocurrida durante en el barrio 6 de Septiembre, y por la investigación que mantiene a cuatro efectivos bajo distintas medidas judiciales. A ese escenario se sumaron tres nuevas muertes, en una sucesión de hechos que profundiza la preocupación social y deja expuesta la necesidad de discutir qué está haciendo el Estado para prevenir la violencia.
El primero de los episodios se conoció en Vaqueros, en donde un hombre fue encontrado sin vida en barrio San Nicolás. Su esposa llamó al 911 después de encontrarlo gravemente herido en la puerta de su domicilio, pero cuando llegó la asistencia médica ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía ordenó una autopsia y confirmó la detención de un hombre sospechado de haber participado en el hecho.
En Coronel Moldes, después de más de 48 horas de búsqueda, fue encontrado sin vida Franco Sebastián Ávalos, de 24 años, quien había desaparecido el sábado 7 de noviembre. Familiares, policías y vecinos habían participado de los rastrillajes, que incluyeron sectores rurales, zonas de monte y los diques Puerta de Díaz y El Préstamo. Finalmente, el cuerpo apareció en inmediaciones del dique Puerta de Díaz. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó las pericias para establecer las circunstancias y las causas de la muerte.
El tercer episodio ocurrió en Tartagal, donde una mujer mató a su pareja en una vivienda de barrio Norte Grande. Según los primeros testimonios, la relación estaba atravesada por años de violencia física y maltratos. Incluso, allegados señalaron que la mujer había pedido ayuda y realizado denuncias en reiteradas oportunidades. El hecho se habría desencadenado durante una nueva agresión, cuando utilizó un arma blanca para herir al hombre, quien murió posteriormente en el hospital. Un caso que también obliga a mirar qué respuestas reciben las personas que denuncian situaciones de violencia antes de que se produzca una tragedia.
Tres muertes, tres escenarios diferentes y una provincia que acumula demasiadas señales de alarma. No se trata de atribuir automáticamente todos estos episodios a una misma causa ni de desconocer que cada investigación debe establecer sus propias responsabilidades. Pero tampoco alcanza con tratarlos como hechos aislados y esperar que la discusión pública se diluya hasta la próxima tragedia.
La preocupación excede los límites de un barrio o de una localidad. La sensación de inseguridad se extiende y cada vez resulta más difícil sostener que existen zonas completamente ajenas a esta realidad. Los vecinos conviven con noticias de ataques, homicidios, enfrentamientos y episodios de violencia extrema, mientras las respuestas oficiales suelen concentrarse en los operativos realizados después de que los hechos ya ocurrieron.
En ese contexto, el ministro Nicolás Avellaneda tiene una responsabilidad política que no puede eludir. No es un funcionario recién llegado a un área que desconoce ni alguien que recibió una estructura completamente ajena a su experiencia. Antes de asumir como ministro, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad desde diciembre de 2024. Conoce el funcionamiento del sistema, participó de su conducción y tuvo tiempo suficiente para intervenir sobre los problemas que hoy siguen presentes.
Por eso, la discusión no puede reducirse a pedir paciencia o anunciar nuevas medidas cada vez que un episodio de violencia ocupa los titulares. Si la política de seguridad no consigue traducirse en una mayor capacidad de prevención, si los hechos se acumulan y la preocupación social crece, corresponde que el Ministerio explique qué está fallando y qué piensa hacer para modificar ese escenario.
La situación tiene, además, un componente especialmente delicado: la investigación por la muerte de Gogo Ramos. Cuando la propia fuerza policial queda bajo sospecha por un procedimiento que terminó con un hombre muerto y con efectivos imputados, la discusión sobre seguridad también alcanza a los mecanismos de control, la formación y la responsabilidad institucional. La sensación es que, o te matan los delincuentes o te mata la Policía.
Mientras el Gobierno provincial sostiene la continuidad de su esquema de gestión, las familias salteñas siguen sumando motivos para preguntarse cuánto más tiene que pasar para que la seguridad deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.