Por unanimidad, el máximo tribunal salteño declaró constitucional la controvertida Ley de Participación Democrática, una herramienta que el saencismo pretende utilizar en las próximas elecciones y que vuelve a poner en discusión las reglas de la competencia electoral.
La resolución era prácticamente un trámite anunciado. Los nueve integrantes de la Corte firmaron el fallo que rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por La Libertad Avanza, el Partido Obrero y el Partido de la Reconquista, y dejó firme una normativa que tendrá consecuencias directas en la disputa electoral de 2027. La oposición había advertido que detrás del nombre institucional de Participación Democrática se escondía el regreso de la vieja Ley de Lemas.
El máximo tribunal respaldó las facultades de la Legislatura para establecer las reglas electorales y consideró que el mecanismo de asignación de cargos previsto por la Ley 8535 respeta el principio de elección directa. También convalidó el requisito que obliga a los partidos que quieran presentar candidatos a gobernador y vicegobernador a tener presencia en al menos 15 departamentos, una exigencia que el Partido Obrero había cuestionado por considerarla proscriptiva.
La discusión, sin embargo, excede largamente los argumentos jurídicos. Lo que está en juego es el diseño de una competencia electoral que el oficialismo provincial impulsó y que ahora cuenta con el aval definitivo de la Justicia salteña. Para el saencismo, la resolución representa una victoria política importante: despeja el camino para llegar a las elecciones con un sistema que fue cuestionado por las principales fuerzas opositoras.
El fallo también ratificó otras dos condiciones que no son menores para el armado electoral: los frentes deberán estar integrados por un mínimo de dos partidos políticos y las fuerzas que aspiren a competir por la Gobernación tendrán que acreditar representación territorial en quince departamentos. Se trata de requisitos que pueden convertirse en un filtro para las expresiones políticas más pequeñas o con menor estructura en el interior provincial.
En su defensa de la normativa, la Corte sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios sistemas electorales y que la elección del mecanismo corresponde a los poderes políticos. Es decir, entendió que la Legislatura tenía atribuciones suficientes para aprobar la ley y que no había motivos constitucionales para invalidarla. Los cuestionamientos de la oposición quedaron así desestimados, al menos en esta instancia judicial.
Pero la pregunta política sigue siendo inevitable: ¿a quién beneficia el nuevo esquema? El saencismo consiguió que se habilite una herramienta electoral diseñada desde el poder y que ahora podrá utilizar en una elección decisiva para su continuidad. Mientras el oficialismo presenta la norma bajo el paraguas de la participación democrática, sus detractores advierten que puede terminar favoreciendo a las estructuras que ya cuentan con despliegue territorial, recursos y capacidad para ordenar distintas candidaturas bajo una misma estrategia.
Con la decisión de la Corte, la discusión judicial quedó cerrada y el Gobierno se aseguró una victoria antes de que comience formalmente la carrera electoral. La Ley de Participación Democrática ya tiene luz verde. Que su aplicación represente una mayor participación o una ventaja para quienes gobiernan será otra discusión, bastante menos jurídica y mucho más política.