La ex senadora provincial Gabriela Cerrano responsabilizó políticamente al ministro de Gobierno y Justicia por el funcionamiento de los centros de mediación y exigió que se elimine esa instancia para los casos de violencia de género.
El femicidio de Denise Viñabal, asesinada en una oficina de mediación de Chicoana cuando había concurrido para discutir cuestiones alimentarias con su expareja, que era policía, desató un fuerte repudio contra el Gobierno.
Cerrano, dirigente del Partido Obrero, apuntó directamente contra Ignacio Jarsún, ministro de Gobierno y Justicia, y exigió su renuncia.
«Exigimos por la cabeza de Jarsún, que es el ministro de Justicia y de Gobierno y no tiene la más pálida idea de lo que le compete a su cargo», lanzó Cerrano. La dirigente recordó que los centros de mediación dependen de esa cartera y cuestionó que se convoque a mujeres que atraviesan situaciones de violencia a encuentros con sus agresores.
Cerrano sostuvo que el caso de Denise expuso una práctica que, según denunció, viene siendo cuestionada desde hace años: utilizar la mediación para resolver cuestiones de alimentos y régimen de visitas aun cuando existen antecedentes de violencia de género. En esas circunstancias, explicó, las mujeres llegan condicionadas por el miedo y por las advertencias de que negarse a participar podría perjudicarlas en sus causas judiciales.
«Siempre denunciamos que la mediación era una instancia desigual e injusta para las mujeres», señaló. También recordó otros episodios en los que mujeres fueron agredidas después de salir de una oficina de mediación y cuestionó que esas denuncias no hayan generado respuestas institucionales.
La dirigente puso especial énfasis en que la expareja de Denise era integrante de la Policía y tenía acceso a un arma. «Un policía no es igual que cualquier civil, es un hombre que está autorizado a portar un arma», advirtió, y cuestionó la falta de respuestas frente a las denuncias de violencia ejercida por efectivos policiales.
Cerrano exigió que se elimine la mediación en cuestiones familiares cuando estén comprometidos derechos de mujeres y niños y reclamó que el Estado asuma las responsabilidades políticas por lo ocurrido. «No puede ser que el Estado termine siendo la boca del lobo para que te terminen matando hasta dentro de una oficina pública», expresó.
El reclamo también alcanzó al gobernador Gustavo Sáenz. En ese sentido criticó las políticas provinciales frente a la violencia de género y vinculó la situación con el contexto nacional. Además, convocó a movilizarse el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para exigir justicia por Denise y responsabilidades políticas.
