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viernes, noviembre 20, 2026

García Castiella salió a apretar al periodista que denuncia venta de cargos en las fiscalías

Un periodista de FM Infinito, denunció que el procurador pretende avanzar sobre sus fuentes y sus herramientas de trabajo. La grave acusación sobre posibles nombramientos a cambio de dinero exige respuestas, no intimidaciones contra quien la hizo pública.

La denuncia sobre una presunta venta de cargos dentro del Ministerio Público Fiscal de Salta abrió un frente de conflicto que ya excede la gravedad de los hechos denunciados. Ahora, el foco está puesto también en la reacción del procurador general, Pedro García Castiella, y en la situación de Maximiliano Rodríguez, periodista de FM Infinito, quien advirtió en su programa Sin Filtro sobre lo que considera “un intento de amedrentamiento desde la propia estructura judicial”. Lo que debería ser una investigación transparente sobre posibles hechos de corrupción amenaza con convertirse en un episodio de presión contra la prensa libre.

Rodríguez hizo pública una denuncia que apunta a la existencia de un supuesto mecanismo de cobro de dinero a cambio de nombramientos en distintas fiscalías. La información incluye un señalamiento particularmente delicado: un cargo habría sido entregado a cambio de una camioneta de alta gama. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y probadas, pero cuya gravedad institucional difícilmente pueda minimizarse, especialmente porque involucran al organismo encargado de investigar los delitos.

La reacción de García Castiella fue intervenir personalmente, ordenar la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Penal 1 y solicitar ser incorporado como denunciante. En declaraciones radiales, sostuvo que el periodista deberá aportar precisiones sobre lo publicado y adelantó que será convocado para explicar los hechos. También afirmó que se haría cargo de la denuncia.

El problema se agravó cuando Rodríguez denunció públicamente que detrás de esa intervención podría existir una intención de avanzar sobre sus herramientas de trabajo y acceder a sus fuentes periodísticas. El trabajador de prensa, que lleva tres décadas de trayectoria, fue contundente al explicar lo que está ocurriendo: “El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, ayer abrió una investigación con el único objetivo de perseguir a este periodista”, sostuvo al aire de FM Infinito. También advirtió que teme que intenten secuestrarle el celular y la computadora para conocer con quiénes habla y qué información conserva.

La advertencia más inquietante llegó cuando el periodista decidió hacer responsable al propio Estado provincial por su integridad y la de sus seres queridos. «Tras los casos Saavedra y Cordeyro, creo necesario y oportuno informarle al Dr. Pedro García Castiella que NO ME SUICIDARÉ», escribió, en un mensaje que expone el nivel de desconfianza y temor con el que Rodríguez dice estar atravesando esta situación. No es una expresión menor ni debería ser tratada como una exageración periodística: es una advertencia pública dirigida a las máximas autoridades de una provincia donde existen causas judiciales que todavía despiertan profundas controversias.

El derecho al secreto de las fuentes periodísticas no es un privilegio de los trabajadores de prensa ni una concesión de los funcionarios de turno. Es una garantía constitucional que protege el ejercicio del periodismo y, fundamentalmente, el derecho de la sociedad a conocer información de interés público. Pretender que un periodista revele sus contactos o entregue sus dispositivos en el marco de una investigación que nació a partir de sus publicaciones puede generar un efecto disciplinador sobre cualquier otra persona que tenga información sobre irregularidades en el Estado. Si quienes conocen hechos de corrupción deben elegir entre hablar y exponerse a una avanzada judicial, el silencio termina siendo funcional a quienes deberían rendir cuentas.

La gravedad del episodio obliga a separar dos cuestiones que el poder no debería confundir deliberadamente: una cosa es investigar si existió una maniobra de venta de cargos dentro del Ministerio Público Fiscal y otra muy distinta es colocar bajo sospecha al periodista que la denunció. Si hay elementos para investigar, deben aparecer las pruebas, los responsables y las explicaciones institucionales. Y si Rodríguez tiene información, debe poder aportarla sin que eso signifique poner en riesgo su integridad, su trabajo o la identidad de sus fuentes. La independencia de una investigación también se demuestra dejando afuera cualquier posibilidad de represalia.

En una provincia donde la credibilidad de la Justicia está permanentemente cuestionada, García Castiella tiene una responsabilidad adicional: demostrar que el Ministerio Público Fiscal puede investigarse sin protegerse a sí mismo y que su autoridad no se convierte en una herramienta para disciplinar voces incómodas. Maximiliano Rodríguez no está obligado a bajar la cabeza porque del otro lado del micrófono haya un procurador general. La prensa libre no necesita permiso del poder para preguntar, investigar ni denunciar. Y mucho menos debería necesitar garantías de supervivencia para hacerlo.

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