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domingo, noviembre 22, 2026

¿Para qué sirve la Emergencia en Violencia de Género si los femicidios siguen aumentando?

Salta ya registra 12 femicidios en 2026, el doble que en todo 2025 y por encima de los nueve casos de 2024. Mientras tanto, el Gobierno de Sáenz vuelve a prorrogar una emergencia que lleva años sin mostrar resultados.

Hay declaraciones de emergencia que, de tanto renovarse, terminan convirtiéndose en una forma de administrar el fracaso. En Salta, la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género parece haber llegado a ese punto. En septiembre pasado, la Legislatura volvió a aprobar su prórroga por otros dos años, en lo que constituye la sexta renovación consecutiva de una herramienta que, al menos a la luz de los resultados, no consiguió modificar la realidad que supuestamente debía combatir. La pregunta ya no es si Salta necesita una emergencia, porque los números demuestran que la necesita, sino qué hizo el Estado con todos estos años de emergencia.

Las cifras de 2026 son difíciles de disimular detrás de cualquier discurso oficial: la provincia ya contabiliza 12 femicidios, el doble de los seis registrados durante todo 2025 y por encima de los nueve de 2024. Y el año todavía no terminó. Cada nuevo crimen vuelve a poner sobre la mesa la misma discusión, pero también expone una contradicción que el Gobierno de Gustavo Sáenz no consigue explicar: si la emergencia es una herramienta para reforzar la prevención, la asistencia y la protección de las mujeres, ¿cómo se explica que los asesinatos sigan aumentando?

El caso de Denis Viñabal, de 27 años y madre de dos hijos, agrega un elemento todavía más inquietante. La joven fue asesinada de un disparo por su expareja, un cabo de la Policía de Salta, durante una mediación en Chicoana. No se trató solamente de una mujer que terminó asesinada por quien había sido su pareja: ocurrió dentro de un ámbito en el que debía encontrar resguardo y protección. El Estado no puede limitarse a lamentar el desenlace cuando sus propias instituciones estaban involucradas en el escenario en el que debía garantizarse su seguridad.

Pero el problema no se reduce a la falta de respuestas frente a cada caso particular. También hay decisiones políticas que muestran una dirección difícil de conciliar con la gravedad de la situación. Mientras la violencia de género exige organismos especializados, recursos y equipos con formación específica, el Gobierno degradó la antigua Secretaría de las Mujeres a una Subsecretaría, reduciendo su jerarquía institucional y ubicándola bajo la órbita de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. No es un simple cambio de organigrama: supone una señal política sobre el lugar que ocupa la problemática dentro de las prioridades del Ejecutivo y abre interrogantes sobre los recursos y la autonomía del área.

La designación de Julieta Valencia Donat al frente de esa dependencia también generó fuertes cuestionamientos dentro del feminismo salteño. Su perfil y su idoneidad para conducir un organismo que debe diseñar y ejecutar políticas públicas especializadas fueron puestos en discusión por distintos sectores que trabajan en la materia. La conducción de un área de semejante responsabilidad requiere conocimientos, formación y experiencia, no solamente una designación política. En una provincia que acumula femicidios, la especialización no debería ser un detalle secundario ni una cuestión que pueda resolverse con voluntarismo.

A esto se suma otro aspecto que merece una explicación pública: la utilización de los recursos de la emergencia. La Ley 8.552, que prorrogó la Ley 7.857, faculta al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas correspondientes. Es decir, vuelve a habilitar un margen de reasignación de fondos que debería estar acompañado por información precisa sobre cuánto dinero se utiliza, a qué programas se destina, qué organismos lo ejecutan y cuáles son los resultados. La emergencia no puede convertirse en una autorización para mover recursos sin que después exista una rendición pública, detallada y verificable. Mucho menos cuando los resultados de las políticas aplicadas son tan difíciles de encontrar.

La Legislatura también tiene una responsabilidad: Prorrogar una emergencia por sexta vez sin exigir un balance exhaustivo de las anteriores equivale a aceptar que el mecanismo puede seguir funcionando indefinidamente sin que nadie explique qué se hizo, qué falló y quién debe responder. La declaración de emergencia debería implicar objetivos concretos, indicadores de cumplimiento, presupuesto identificable y controles periódicos. De lo contrario, la renovación legislativa corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo que permite exhibir preocupación institucional sin modificar las condiciones que padecen miles de mujeres.

¿Para qué sirve la Emergencia en Violencia de Género en Salta? Porque si después de tantos años, tantas prórrogas y tantos recursos disponibles la provincia llega a noviembre de 2026 con más femicidios que en los dos años anteriores, algo más que las estadísticas está fallando.

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