Pasos clandestinos, contrabando, enfrentamientos con Prefectura, denuncias sobre controles y un Plan Güemes que, según el interventor Adrián Zigarán, dejó de existir.
En una entrevista en Infinito FM, cuestionó directamente el funcionamiento del dispositivo nacional de seguridad, al punto de afirmar que el Plan Güemes dejó de ser lo que había sido durante la gestión de Patricia Bullrich.
“Cuando arrancó con Bullrich, el Plan Güemes era una cosa y el Plan Güemes sin Bullrich no existe”, sostuvo.
Se mostró impotente desde el municipio y reconoció que es un eslabón muy sensible de la frontera norte, donde los efectivos de las fuerzas federales deben convivir con una actividad de traslado de mercadería que durante años se desarrolló por fuera de los pasos habilitados.
En ese sentido explicó que uno de los conflictos actuales se origina precisamente en los recambios de Prefectura, porque los efectivos que llegan desde otras provincias no conocen la dinámica de Aguas Blancas y aplican criterios de control diferentes a los que venían utilizándose.
Reconoció, además, que en el norte salteño existe un régimen informal de tolerancia sobre el traslado de mercadería y manifestó que e cierre del antiguo paso ubicado junto a la terminal no terminó con los cruces, los trasladó.
Zigarán explicó que el acceso que existía hacia Puerto Chalanas fue cerrado y que quienes cruzaban comenzaron a utilizar otro sector ubicado aproximadamente a cincuenta metros, conocido como paso Camba, desde donde llegan hasta Las Chalanas.
Dijo que el problema no se limita a personas que cruzan con pequeñas cantidades de mercadería, sino que existen casos en los que se incrementa deliberadamente la carga.
“En vez de pasar un parlante vienen con diez; en vez de pasar una cubierta, las doblan y las meten adentro de otras”, comentó.
El sistema, según su descripción, funciona porque quienes trasladan la mercadería son utilizados para transportar cargas cada vez mayores, mientras los controles intentan determinar hasta dónde llega el contrabando tolerado y dónde comienza una operación de mayor escala.
El interventor señaló a la empresa de transporte San Antonio y afirmó que sus unidades circulan por la banquina para llegar al puesto de control mientras el resto de los vehículos debe esperar, pasar por el escáner y volver a cargar la mercadería.
“Todo el mundo haciendo fila, pasando por el escáner, volviendo a subir la mercadería y la empresa San Antonio pasa derecho”, sostuvo.
Zigarán dijo que presentó la denuncia por escrito ante el fiscal federal Marcos Romero y que aportó videos, incluido uno registrado por él mismo, para mostrar el funcionamiento del puesto 28.
Es decir que la matufia llega a tal punto que no todos los transportistas están sometidos al mismo control o si existen vehículos que atraviesan el dispositivo por fuera del procedimiento previsto.
“El Plan Güemes I es un holograma”, afirmó durante la entrevista, antes de explicar que, a su criterio, la Provincia terminó absorbiendo buena parte del costo del despliegue sin obtener el resultado que se había anunciado.
Según su relato, el Gobierno provincial destinó alrededor de $13.000 millones durante el año pasado para cubrir alojamiento, alimentación y otros gastos vinculados con los efectivos desplegados en la zona.
Zigarán también puso el foco sobre el tráfico aéreo y aseguró que el problema del narcotráfico ya no puede analizarse únicamente desde la frontera con Bolivia. “Por aire estamos regalados hace años”, afirmó.
Según explicó, aeronaves utilizadas para actividades ilegales pueden ingresar al territorio y desplazarse hacia otras provincias, mientras la capacidad de detección e interceptación continúa siendo insuficiente.
Su propuesta consiste en reforzar los radares y establecer un protocolo para identificar aeronaves sospechosas, acompañarlas y, si no obedecen las órdenes de las autoridades, avanzar con las medidas previstas por una futura legislación.
Zigarán dijo que presentó el proyecto ante los ministerios de Defensa y Seguridad junto con la diputada nacional Eliana Bruno y que, posteriormente, el Gobierno nacional presentó una iniciativa propia sobre la denominada ley de derribo.