A pesar que García Salado despidió a Normando Fleming y anunció una investigación interna para conocer nuevas negociaciones incompatibles, ante la Justicia, la empresa se negó a dar información sobre sueldos y publicidad en el marco de una Acción de Amparo. ¿Salta puede darse el lujo de tener una Sociedad Anónima a cargo de un servicio elemental?
En julio de 2020 una Acción de Amparo pidió que la justicia ordene a Aguas del Norte brindar información sobre los gastos en publicidad oficial correspondientes a los años 2018 y 2019 y a los primeros meses de 2020: también sobre los sueldos de su directorio, gerentes y de su personal.
La pertinencia de la acción judicial estuvo claramente justificada luego de conocerse que el sueldo de uno de los directivos -Normando Fleming- superaba con creces los 400 mil pesos.
El mismo Fleming protagonizó otra noticia indignante en septiembre cuando se supo que había conformado la empresa “Aguas Transparentes”, la cual por su rubro podía lucrar con la información que se obtenía en Aguas del Norte.
De allí la importancia de la Acción de Amparo más allá de los tecnicismos judiciales planteados recientemente por los abogados de la empresa.
Qué pasó con la auditoría interna
La acción judicial fue interpuesta también para acceder a los resultados de las auditorías que el actual presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, anunció que realizaría como primera medida de su gestión.
De la misma nada se conoce aún. En el camino, no sólo ocurrió lo de Normando Fleming, también se supo del inicio de otra investigación interna sobre la conformación de una sociedad comercial en 2014 por parte de empleados y directivos de la empresa.
A esto, como antecedentes no menores, se deben añadir las declaraciones públicas tanto ante la prensa como en las sesiones de la Cámara, de la diputada Socorro Villamayor cuando señaló que “en Aguas del Norte se chorearon todo”.
En relación a las auditorías, los abogados de Aguas del Norte señalaron que no existen auditorías “en el estricto sentido jurídico” y que lo que ha realizado García Salado es una evaluación del estado de situación en el cual recibió la empresa.
Ante la Justicia la actitud es diferente
Aguas del Norte, representada en el juicio por los abogados Mercedes Mateo y Carlos Marcelo Cerdeyro solicitaron al Juez el rechazo de la demanda. Señalaron que la parte demandante no se encuentra legitimada para pedir la información requerida por no demostrar “…ni el más mínimo daño, actual o inminente” que el accionar de esa sociedad hubiese ocasionado al no brindar la información.
Afirmaron también que Aguas del Norte no se encuentra obligada a brindar información a ningún ciudadano, por cuanto se trata “de una sociedad comercial” que no forma parte del sector público provincial, y que sus ingresos no provienen del Estado Provincial.
Este aspecto, además de ser un argumento técnico, constituye el nudo gordiano de toda la problemática de Aguas del Norte desde su creación. Ni en 2009 cuando se constituyó, ni en toda su trayectoria y mucho menos en este presente de crisis tan profunda, una provincia tan empobrecida como Salta puede darse el lujo de tener una Sociedad Anónima como prestataria de un servicio elemental.
Por otra parte, los abogados de la empresa parecen omitir que el Estado Provincial es dueño del 90 por ciento del capital de la empresa, y que su Presidente y directorio es designado y puede ser removido por el Gobernador de la Provincia.
Guzmán Coraita precisó además que “se trata de un organismo controlado por la Auditoría General de la Provincia y que desde su constitución recibió y recibe diversas partidas presupuestarias del Ejecutivo Provincial conforme se puede verificar con una simple visita al Boletín Oficial”.
En su contestación de demanda, Aguas del Norte sostuvo también que los sueldos y las contrataciones de publicidad son “datos privados y sensibles” de incumbencia exclusiva de sus empleados y de sus contratistas.
“Todas estas afirmaciones no resisten el menor análisis jurídico a la luz de las disposiciones de la Ley de Datos Personales y de la Ley de Acceso a la Información Pública”, planteó el abogado demandante y titular de Salta Transparente.