El abogado constitucionalista se refirió al escándalo en el que está involucrado el presidente y advirtió por la gravedad institucional que ocasionó.
El escándalo que se generó por la estafa en la que participó el presidente Javier Milei con $Libra podría seguir escalando y agravando todavía más la situación. Así lo señaló el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, el señalar que estamos ante un claro ejemplo de gravedad institucional.
En De Eso se trata, por FM Infinito, el letrado fue consultado por la posibilidad de un Juicio Político contra Milei: “En la Constitución argentina está previsto para autoridades como el Presidente de la Nación, en supuestos en donde o incurre en mal desempeño en el cargo o cuando comete un delito. El problema de la comisión del delito por parte de un presidente es que necesita una sentencia. Es decir, solamente va a cometer el delito cuando esté condenado, lo cual para problemas como el que Milei ha generado, esto puede llevar mucho tiempo”, dijo.
Según el constitucionalista, “ya está en curso el mal desempeño, porque la causal de mal desempeño es una causal subjetiva y política, en donde el Congreso de la Nación le basta considerar que el presidente ha realizado una conducta o una serie de conductas, como en este caso, que objetivamente, son mal desempeño. Milei expuso a la Argentina a juicios en sedes internacionales. Posiblemente haya invitado a la gente a ser víctima de una estafa, invitándolos a invertir, o como él dice, difundiendo información sobre una inversión que era fraudulenta. Eso como un Presidente de la Nación no lo puede hacer. No hay que esperar al tema de la comisión del delito, sino simplemente se puede considerar que hay mal desempeño del cargo. Yo considero que sí, que hay mal desempeño por parte del Presidente”.
Para Aguirre Astigueta, “el problema es que el Congreso le ha sacado el cuerpo al asunto, no ha querido ni siquiera generar una comisión investigadora, y entonces el juicio político obviamente, tiene menos herramientas porque se necesitan mayorías agravadas, y acá ha quedado claro que van a proteger al Presidente”.
Y agregó: “No hay mejor definición de gravedad institucional que la que dice que es una cuestión que excede al interés privado o al interés particular. Acá el presidente, ha damnificado, ha expuesto a la Argentina a juicios en sedes internacionales y en sede argentina. Está investigado por oficinas judiciales de países como Estados Unidos, por el FBI, con causas penales allá, con juicios colectivos que van a ir seguramente por el Estado argentino porque él ha actuado como Presidente de la Nación. Claramente es una cuestión de gravedad institucional”.
El abogado señaló que “le preocupa mucho el Congreso y la Justicia argentina. De la presidencia ni hablar, uno de los poderes más importantes está envuelto en una estafa internacional, claramente con una responsabilidad, como dice el constitucionalista Gil Domínguez, con un dolo comprobado mediante un tuit, con prueba directa. Hasta el mismo Presidente lo ha confesado en televisión que estos tuits, estas declaraciones públicas, estas manifestaciones que él ha hecho, son de su propia voluntad”.
Y añadió: “No puede decir que él a veces actúa como civil, y que actúa otras veces como presidente, es lo que no puede pasar además en una cuenta oficial. Y por otra lado la Justicia ahora ha comenzado apenas la novela judicial, pero todo hace prever que, según uno ya tiene con los años la experiencia, que estas grandes causas no llevan a nada, o no llegan a nada sino después de muchísimos años. Y pareciera que respecto solamente de ciertos integrantes del partido político, no respecto de los otros. Entonces, la verdad es que uno tiene el derecho a pensar que tal como está hoy el sistema político argentino y los poderes institucionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, estamos en una disfuncionalidad absoluta porque la Constitución no quiere que funcione así”, finalizó.