El 15 de enero pasado con una nota dirigida al Presidente del Concejo, Matías Cánepa, la Concejal Cristina Foffani solicitaba que se convocara en forma urgente al Jefe de Gabinete Municipal, Luis María Salado y al entonces Secretario de Hacienda Pablo Gauffin para que informaran los requerimientos ordenados por el juez Federal Julio Bavio del Juzgado Federal N°1, y los bienes y personas afectados en una investigación que desató tremendo escándalo a principios de año.
En segundo lugar, solicitaba “se informara sobre la contratación de las empresas CECSA y ARCADIO S.A. y toda otra contratada para la misma actividad; titulares físicos y/o jurídicos de las contratadas, calificación de las mismas por parte de los órganos responsables de la contratación; el servicio y obra por la que se contrataba a estas empresas, la modalidad de contratación, plazos y fechas de inicio y finalización de obra, montos pagados y/o deudas por la obra o servicio; ya que la noticia que generó la solicitud, hablaba de serias irregularidades en los contratos de iluminación con farolas coloniales, pagadas con fondos del Plan Bicentenario”.
Ante el silencio de parte de las autoridades del Concejo, y con la denuncia penal recibida por el fiscal Toranzos por parte de la AFIP, la concejal Cristina Foffani ha presentado sobre tablas el Proyecto de Resolución N° 841/19 en el que solicita la presencia del Procurador General Municipal Dr. Pérez Alsina, para que presenté toda la documentación respaldatoria, para que informe sobre los resultados de la Auditoría Interna que realizó con motivo del allanamiento al CCM y a distintos domicilios particulares de funcionarios municipales y empresas contratadas por el municipio.
Veremos si se conocen detalles sobre un caso de sumo interés para la población capitalina.
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