La magistrada de Tartagal, hermana del intendente, dispuso el desalojo de una familia poseedora histórica en un paraje cercano a Morillo. Organizaciones campesinas cuestionan la dureza del fallo y reclaman protección legal.
Una familia campesina puede perder su casa, sus animales y el lugar donde construyó su vida durante décadas por una orden judicial. Esa es la situación que enfrentan los Cabral Maza en Pozo El Quimau, a unos 20 kilómetros de Morillo, donde la jueza Hernández Berni, hermana del intendente de Tartagal, ordenó el desalojo en el marco de un conflicto por la posesión de tierras que se tramita desde 2014. La resolución encendió la alarma entre organizaciones campesinas, que cuestionan la dureza de la medida y advierten que detrás de un expediente judicial hay personas que podrían quedar despojadas de todo.
El caso expone una de las caras más crudas de los conflictos territoriales del norte salteño: familias que aseguran haber vivido y trabajado durante generaciones en un lugar deben enfrentar decisiones judiciales capaces de cambiarles la vida de un día para otro. Según los representantes del Frente Nacional Campesino, Benaventa Maza tiene más de 70 años, nació y se crió en esas tierras y comparte con su familia una historia de arraigo que se remonta mucho antes del inicio del litigio. Allí tienen su puesto y desarrollan actividades ganaderas que, de acuerdo con los dirigentes, forman parte de la economía regional.
Pero la resolución judicial no contempla solamente una discusión sobre papeles y superficies. Lo que está en juego es la permanencia de una familia en el lugar donde vive y produce, frente a una orden cuya ejecución podría requerir el uso de la fuerza pública. “El fallo para mí es totalmente inhumano”, cuestionó una de los referentes campesinos que acompañó a la familia en Ciudad Judicial por el medio Antena Noticias. Y detalló que, según su interpretación de la resolución, si los ocupantes se resisten al desalojo podrían ingresar por la fuerza, romper cerraduras y retirar sus pertenencias. “¿Dónde quedan los derechos de las familias campesinas?”, preguntó, en una crítica directa a una decisión que considera desproporcionada por sus consecuencias humanas.
La pregunta no es menor: ¿qué respuesta tiene el Estado para una familia que lleva décadas en un territorio cuando la Justicia dispone que debe abandonarlo? Los referentes campesinos sostienen que los Cabral Maza son poseedores históricos del predio y que la disputa involucra a la comunidad originaria La Cortada. Según sus declaraciones, la superficie en discusión sería de unas 600 hectáreas, aunque afirman que el territorio comprometido podría alcanzar las 2.600. El conflicto exige analizar los derechos y antecedentes de ambas partes, pero esa complejidad no vuelve menos urgente la necesidad de evitar que una medida de consecuencias irreversibles se convierta en la única respuesta institucional.
Las críticas también apuntan a la desprotección legal que, según el Frente Nacional Campesino, sufren estas familias desde que dejó de renovarse en 2025 la protección que atribuyen al artículo 9 de la Ley 7658. Por eso reclamaron al gobernador y a los legisladores provinciales que restablezcan esa herramienta para frenar los desalojos judiciales y extrajudiciales. En los hechos, denuncian, los campesinos quedan obligados a defender por sus propios medios la continuidad de una forma de vida mientras enfrentan procesos judiciales que pueden terminar con la pérdida de sus viviendas y sus fuentes de sustento.
La orden debía ejecutarse el 3 de octubre, aunque el caso ingresó posteriormente en una instancia de diálogo. Los representantes campesinos también deslizaron sospechas sobre la intervención de terceros en el conflicto entre la familia y la comunidad originaria, una hipótesis que requiere pruebas y que no debe confundirse con hechos acreditados. Mientras tanto, el reclamo contra Hernández Berni pone sobre la mesa una discusión que excede a los Cabral Maza: la responsabilidad de una Justicia que tiene en sus manos decisiones capaces de dejar a una familia sin tierra y la obligación de las autoridades provinciales de garantizar que los sectores más vulnerables no queden desamparados.
Hernández Berni tiene la facultad de resolver el expediente, pero el alcance de esa decisión no se mide solamente en hectáreas ni en términos procesales. Se mide también en lo que puede ocurrir cuando una familia pierde el lugar donde vivió durante toda su vida y la respuesta llega con una orden de desalojo y la posibilidad de intervención policial. Para los Cabral Maza, la discusión judicial no es una abstracción: es la posibilidad concreta de que el Estado termine sacándolos de su propia historia.