Susana Pontussi en diálogo con Opinorte destacó que la Municipalidad ofreció a los comerciantes varias opciones tales como el acceso a microcréditos o el régimen simplificado de habilitaciones a locales de menos de 100 m2. En cambio, Madile responsabiliza a la Intendencia de no tener un plan para el sector.
La semana pasada el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta aprobó una ordenanza por la cual se extiende por un año la estadía a los feriantes instalados en el Parque San Martin, cuyo plazo vencía en diciembre próximo. Tras la votación, funcionarios de la Municipalidad expresaron su malestar porque entienden que tal disposición contraviene con la idea de orden que proponen desde el Centro Cívico.
La jefa de Gabinete, Agustina Gallo, cuestionó el rol de concejales y sugirió que fue una jugada política para minar la imagen de la Intendencia. «No creemos que fomentar la ilegalidad sea un camino válido. Menos si se trata de oportunismo, en el marco de tiempos preelectorales. Estamos trabajando para dar respuestas a largo plazo», apuntó Gallo en sus redes sociales.
Fernando García Soria, secretario de Cultura y Turismo, sostuvo que el proyecto del concejal José García «apaña el incumplimiento a las normas, fomenta la ilegalidad» y el mal uso de «espacios que son de todos los vecinos». «El populismo y la demagogia no ayudan a resolver problemas, solo son parches», dijo.
Así fue que se instaló la posibilidad de que Bettina Romero anule la decisión del CD. Si bien la interventora de Espacios Públicos Susana Pontussi dijo que no habló sobre el veto con la Intendente, en diálogo con OPINORTE señaló: «Me imagino que esta semana se definirá».
Mientras tanto, dijo, siguen trabajando con los feriantes «en explicarles cuales son las herramientas vigentes como los microcréditos que entrega el Ente de Desarrollo de la Municipalidad o el régimen simplificado de habilitaciones para comercios de menos de 100 m2».
«Lo que es importante decir es que hace 14 años que tienen el uso de ese espacio y muchos de ellos no cumplen los requisitos establecidos, como por ejemplo ser atendido por los titulares (que deben ser a los que se les adjudicó por ordenanza), no desvirtuar el rubro y además no tener deudas superiores a 3 meses», añadió Pontussi.
Por su parte, el presidente del CD Darío Madile sostuvo que “la decisión de una prórroga hasta diciembre de 2023 obedece a que desde hace seis meses se le viene pidiendo al Ejecutivo que nos presente cuál era el plan que se tiene. Al no tener respuesta, se tomó esta decisión para dar una garantía laboral”.
“El problema pasa por el control y el control lo debe realizar el Ejecutivo Municipal, si no cumplen con los requisitos, ya están todas las condiciones para poder sacarlos del lugar y ordenarlo, entonces el foco hay que ponerlo más en la parte ejecutiva que legislativa”, repuso Madile en FM Aries.