“Las obras nacionales tienen que seguir, sino se van a comer una traquelada de juicios”, aseveró el Ministro de Infraestructura sobre los anuncios realizados por el Presidente electo.
En medio de la preocupación que generaron los anuncios de Javier Milei respecto a la paralización de la obra pública, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, advirtió en Infinito 96.5 MHz. que, de concretarse, se perderían en Salta unos 15 mil puestos de trabajo que representan 3 puntos de desempleo.
“Salta está alrededor del 7, 8 puntos, y volveríamos a pasar a un histórico 11, 12 puntos de desempleo”, señaló el funcionario en referencia a lo que podría llegar a suceder solo en el rubro de la construcción, puntualmente en la obra pública. “La obra chica, generalmente, la hace el contratista con menos cuestiones blanqueadas, pero también demanda mucho empleo esa mano de obra privada”, agregó.
En este sentido, destacó que en La Puna “hay más gente de construcción que de minería”, aunque resaltó que “finalizando este año ese número se va a ir invirtiendo”. Al respecto, consideró necesario avanzar con la creación de consorcios camineros en un modelo mixto dado que “no es justo que con los impuestos de la gente mantengamos caminos que no tienen un uso concreto en términos de vinculación por la densidad”.
Siguiendo con su exposición, el Ministro aclaró que Salta tiene tres fuentes de financiamiento para la obra pública. Una es la externa, ya sea financiamiento nacional o internacional, con la que se financian obras como la planta de tratamiento de líquidos cloacales de zona sur, el Centro de Convenciones de Cafayate, la planta de tratamiento de Cafayate o la ampliación del hospital San Bernardo, entre otras. En estos casos, aclaró, desde Nación se toma el crédito y se destina la obra. A excepción del caso del hospital San Bernardo, que se realiza con un crédito del FONPLATA, afirmó: “En todas las otras, no devolvemos la plata”.
El segundo esquema de financiamiento, dijo, es el presupuesto nacional o decisiones discrecionales del Gobierno nacional, con lo que se llevan adelante obras como las mejoras en dos tramos de la ruta 40, el nuevo puente de Vaqueros, la obra de la ruta 34 en el tramo Rosario de la Frontera- Metán, el acceso a La Candelaria o la Ciudad Judicial de Orán.
La tercera forma de obtener financiamiento para obras es el presupuesto provincial. Al respecto, Camacho destacó que de 2019 a 2023 el porcentaje destinado al sector pasó del 3,5% al 13,86%. “Las obras nacionales tienen que seguir, sino se van a comer una traquelada de juicios”, aseveró Camacho.
Asimismo, remarcó que “el presupuesto provincial está atado a que haya un presupuesto nacional” y advirtió que de no haberlo se habilitarían las incorporaciones discrecionales al presupuesto, tanto nacional como provincial. Si bien consideró que la decisión es una estrategia para doblegar a los gobernadores, subrayó: “Creo, veo, entiendo y anhelo, que el Norte Grande ya cumplió la mayoría de edad”, en referencia también al anuncio del Gobernador de crear “un nuevo espacio federal en el Congreso” junto a los gobernadores de Misiones, Río Negro y de Neuquén.
Entre otros pronunciamientos, el ministro cuestionó el modelo “a la chilena” que propone Milei con un sistema mixto de obras público- privadas ya que la recuperación de la inversión limitaría las obras que se ejecuten, y agregó: “Estas por romper la continuidad institucional del país. La verdad, es un mamarracho”.
Sobre el final, aseguró que se ejecutó ya el 100% de lo presupuestado para obras, aunque ello no se refleja en el estado de avance de las mismas debido a que “hay menos ingresos de coparticipación y no alcanza para pagar las redeterminaciones”. “Hay que dejar de hacer obras que estaban previstas para pagar las que están empezadas. Eso va produciendo el desbalance, que no se producía en el año 2021, 2020”, alertó.
Por otra parte, remarcó que “la provincia acaba de pagar 32 millones de dólares del crédito del Fondo del Bicentenario”, tomado por Juan Manuel Urtubey, cuya situación aún debe definir la Auditoría General de la Provincia. En tanto que cuestionó que desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- ENOHSA- deben el 70% de las obras por las que se firmaron convenios, por lo que la Provincia comenzó a pagar los certificados de redeterminaciones para evitar que las mismas se detengan.
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