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viernes, junio 21, 2024

Censura | El costo de expresarse en Salta sin censura previa… ni posterior

La discrecionalidad con la que se otorga la pauta oficial en la Provincia se convierte en el caldo de cultivo para presiones y agresiones que pretenden limitar la libertad de expresión y de prensa a medios opositores.

Que los gobiernos de turno apelen a prácticas de censura mediante la discrecionalidad con la que se otorga la pauta oficial en la provincia de Salta no es novedad. Sin embargo, resulta escandaloso el comportamiento de emisarios que desde grupos de WhatsApp de comunicadores incurren en agresiones y descalificaciones a fin de obtener la aprobación del patrón.

Tal es el caso de Luis Alberto “Gordo” Puló Alderete, exesposo de Soledad Urtubey, hermana del exgobernador Juan Manuel Urtubey, investigado por el destino que su administración le dio al Fondo de Reparación Histórica y al Fondo del Bicentenario, ambos parte de la “pesada herencia” que recibió la actual gestión.

Su encono personal con este medio se habría originado con la publicación de una nota periodística que señalaba la vinculación de su socio Ramiro Goytia Puló con un hecho de malversación de fondos. Dueños del medio digital Salta+IVA, beneficiario de una generosa pauta que otorga el Gobierno provincial, Puló Alderete, dedica largas horas de su tiempo a proferir insultos y todo tipo de agresiones contra quienes comparten material informativo que pueda llegar a herir susceptibilidades en Grand Bourg.

Cabe resaltar el rol de la justicia salteña en el manto de impunidad que cubre el accionar de personajes como el mencionado, quien suele hacer alarde de su amistad con el gobernador Gustavo Sáenz y su coordinador administrativo Nicolás Demitrópulos.

La obsecuencia del Poder Judicial queda en evidencia con la inacción frente a una denuncia por violencia de género que se radicó en marzo tras la insistencia de Puló Alderete en proferir epítetos misóginos e incluso homofóbicos hacia sus interlocutoras e interlocutores. Este comportamiento parece resultar irrelevante para una institución que se jacta de luchar contra un mal que aqueja a la provincia desde años, llevando incluso a prorrogar permanentemente la Emergencia por Violencia de Género, sin que esa expresión de deseo quede plasmada en acciones concretas desde el mismo Estado.

Nuevamente, la persecución a los medios y la insistencia en coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa se convierten en un sello, una mancha más para un Gobierno al que flaco favor le hacen este tipo de prácticas y aquellos que las llevan adelante incluso, según señalan, en nombre del propio Gobierno. (MH)

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