En la segunda ciudad más grande de la Provincia, la gestión del exintendente Pablo González, no terminó bien, al menos eso entienden los concejales que formalizaron una denuncia por malversación de fondos públicos.
Concejales de Orán formalizaron denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos contra el exintendente del municipio, Pablo González, por presunto abuso de poder, malversación de fondos públicos e incumplimiento de deeres de funcionario público.
Asimismo, piden que la investigación se extienda a exfuncionarios y exconcejales.
A través de una carta dirigida a la Fiscal especializada, los ediles plasmaron lo siguiente:
Venimos a interponer Denuncia Penal por presunto abuso de poder, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario, contra el intendente de Orán mandato cumplido Pablo Damián González, ambos presuntivamente, es por ello y ante la gravedad de los hechos constatados (ciento once fojas) que le solicitamos a esa fiscalía que investigue.
Hechos:
Ante la opacidad de la gestión y reticencia a responder pedidos de informes del manejo de recursos públicos desde el Concejo Deliberante se sancionó la Resolución N° 174/2023 presentada mediante expediente 260/2023, solicitando a algunas casas comerciales información voluntariamente de transacciones de bienes y/ o servicios para con el municipio de Orán. La información que fue llegando al Concejo Deliberante impone iniciar acciones de manera inmediata. Adjuntamos ciento once fojas de un informe que indica que desde la Municipalidad durante la gestión de Pablo González con fondos públicos sea adquirieron elementos de naturaleza variada por ingentes cantidades de dinero público que parecen ser de uso y destino personal y no municipal. Esto ya constituye un escándalo de proporciones que compromete hasta la presunta complicidad de funcionarios y concejales mandato cumplido, hacia donde esperamos extienda su investigación. Acudimos a la justicia en su calidad de Poder del Estado seguros de estar en el camino correcto en resguardo del patrimonio público y contra funcionarios corruptos que instalan mecanismos de impunidad corrompiendo instituciones y personas.