La suspensión de las demoliciones abrió una tregua en Finca Las Costas, pero no resolvió el conflicto territorial. David Torres cuestiona la doble vara ambiental, denuncia el avance inmobiliario y advierte que los derechos de la comunidad siguen sin una respuesta.
Las topadoras quedaron detenidas, pero la incertidumbre continúa. La Comunidad Lule de Finca Las Costas consiguió frenar temporalmente las órdenes de demolición que amenazaban las viviendas de decenas de familias, aunque el alivio está lejos de significar una solución. Con los plazos de las intimaciones en discusión y una disputa territorial que lleva años, el cacique de la comunidad, David Torres insiste en que detrás del argumento ambiental hay una situación de desigualdad que el Estado todavía no quiere mirar de frente.
“Las topadoras están detenidas, pero con los motores encendidos”, resumió el referente, en diálogo con FM Infinito, al describir el escenario que atraviesan los pobladores. La suspensión de las medidas llegó después de las movilizaciones y de una reunión con la jueza María Villagrán, en la que se abrió una instancia de diálogo. Sin embargo, para las familias que recibieron las intimaciones, la posibilidad de perder sus casas sigue estando como un peligro inminente.
El conflicto se originó en una causa ambiental que apunta a construcciones realizadas en la reserva hídrica de Finca Las Costas. La comunidad cuestiona que las acusaciones recaigan sobre familias originarias mientras las urbanizaciones privadas de la zona avanzan sin, por ejemplo, la infraestructura cloacal necesaria. “Le estamos pidiendo a la jueza Villagrán que tenga una investigación seria e imparcial”, reclamó Torres, quien sostiene que los problemas de contaminación deben investigarse sin señalar de antemano a los habitantes más vulnerables.
“Se nos acusa de contaminar la cuenca del Valle de Lerma y parte del dique Cabra Corral. Es increíble que, estando la realidad a la vista de todos, sigan culpando a un grupo de personas que incluso está lejos del río y del acueducto”, afirmó el cacique.
Y agregó: “Nosotros no contaminamos porque siempre usamos las cámaras sépticas y los biodigestores”. Para Torres, el foco debe ponerse también en los barrios privados que, según denuncia, descargan desechos en los cursos de agua sin recibir el mismo nivel de presión estatal.
La discusión ambiental se cruza, además, con una disputa más amplia por el territorio ancestral. En 2014, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció la ocupación comunitaria de Finca Las Costas, pero Torres advierte que ese reconocimiento todavía no se tradujo en una protección efectiva de la propiedad comunitaria. “Desde ese momento hasta aquí el Estado viene demorado en incluir la propiedad comunitaria en los registros de inmuebles de la provincia de Salta”, señaló. También denunció que existen “intereses y grupos de presión que quieren que Las Costas sea deshabitada para organizar un plan de inversión y uso del territorio de acuerdo a sus intereses”.
En ese contexto, la comunidad vuelve a poner sobre la mesa la desigualdad que, sostiene, atraviesa todo el conflicto: mientras las familias humildes temen que una máquina destruya viviendas levantadas durante años, el Gobierno provincial, tras un proyecto aprobado por la Legislatura, autorizó la cesión de tierras ancestrales al Tigres Rugby Club. “En eso no está pensando el Estado; se le quitó esa humanidad que en algún momento tenía la política y la justicia”, lamentó Torres al referirse a las familias amenazadas, entre ellas madres solteras, personas mayores y niños.
La tregua judicial les dio un respiro, pero el reclamo sigue abierto: la comunidad exige que se respeten sus derechos y que la protección ambiental no termine funcionando como una amenaza sobre quienes habitan históricamente esas tierras.