Una ley fija hasta 20 días de detención para quien agreda a un trabajador de la educación o la sal ud.Hay posturas a favor y en contra de las sanciones.
Señalan que la medida no resuelve el problema
Este año entrará en vigencia una ley que fija arrestos de hasta 20 días o multas para aquellas personas que ingresen a un hospital o una escuela pública o privada y ejerzan actos que violenten a un trabajador de la educación o de la salud en sus puestos laborales.
La detención o sanción económica regirá siempre que la conducta no llegue a constituir un delito, ya que en ese caso se seguirá aplicando el Código Penal.
Las multas serán equivalentes a 10 litros de la nafta de mayor valor para automóviles, que hoy cuesta 21,79 pesos.
El Tribuno dialogó con referentes de distintos sectores y encontró posturas a favor y en contra de la medida. Hay quienes señalan que la norma será un resguardo para los trabajadores, que muchas veces deben afrontar situaciones de violencia debido a que son la cara visible, especialmente en los hospitales. En contrapartida, otras opiniones sostienen que una contravención no resuelve el problema de fondo y que hasta puede ser utilizada en contra de los padres o pacientes.
La iniciativa del diputado Santiago Godoy, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores, será enviada en los próximos días al Ejecutivo para su promulgación. Hasta ayer el expediente aún aguardaba una firma de Diputados.
La senadora provincial Gabriela Cerrano votó en contra porque sostiene que “la contravencional, de fondo, no va a resolver nada”. La legisladora advirtió que el texto de la reciente ley aprobada dice que es aplicable “en los casos que no constituyan delito”, por lo que no serviría cuando haya agresiones físicas o amenazas, ya contempladas en el Código Penal.
El abogado de la Asociación Docente Provincial, Marcos Miranda, al respecto detalló que “al artículo 74 del Código de Contravenciones de Salta se incorporará el 74 bis. Este artículo tipifica de forma específica las agresiones y actos de violencia que se cometan contra los docentes y el personal de la salud. El otro es más genérico y las agresiones pueden ser de diferentes maneras, no solo físicas”.
Cerrano opinó: “Muestran como que esta ley va a servir de protección a las maestras y no es así. Esto no le hubiera servido a Evelia Murillo (maestra asesinada por un hombre en El Bobadal), por ejemplo. Ella no cerraba las puertas de la escuela y no pudo salvarse de este hombre que entró a agredir a sus alumnas”.
Para Cerrano, el problema es de otro orden. Se inclinó por recomponer las relaciones entre la comunidad, la escuela y la salud, y no enfrentarlas. “Esta contravencional la van a usar contra las madres que con toda razón se enojan y putean por esperar cuatro horas con los bebés enfermos en brazos. Porque ese es el tiempo de demora en la guardia del Hospital Materno Infantil”.
“¿No corresponde acaso mejorar el sistema de salud, poner la cantidad de médicos que hace falta, no solo en el Materno sino en las salitas de los barrios para que no todas las madres corran desesperadas al hospital?”, se preguntó.
Por eso, la senadora por el Partido Obrero en lugar de una ley pide más médicos, ampliación de las coberturas de salud en las salitas, mejoras edilicias en las escuelas y gabinetes interdisciplinarios en cada una de las instituciones educativas, entre otras cosas.
En contrapartida, la secretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, gremio autor de la iniciativa, está conforme con el logro. “Necesitamos un resguardo por la cantidad de hechos de violencia que enfrentan los maestros”, señaló.
Dijo que estas situaciones se dan de forma constante; sin embargo las denuncias concretas ante el gremio, el Ministerio de Educación o la misma Policía son escasas debido a que hasta ahora solo se recibían las denuncias de hechos graves.
Por su parte, Luis Ramos, titular de la Unión del Personal de Enfermería de Salta (UPES), expresó: “Me parece positivo. Es cuidar a los trabajadores en los centros de salud, que están solos ante pacientes muy agresivos por problemas con el alcohol, el paco y otras drogas. Los enfermeros son las principales víctimas de estas agresiones”.
Para Juan Carlos Erazú, presidente de la Asociación Interhospitalaria y de la Asociación de Profesionales del Hospital San Bernardo (Asprober), “cada vez es mayor la agresión a todo el personal, no sólo médico. Yo creo que todo tiene su límite, una cosa es el diálogo y otra cosa es la agresión, cuando hay agresión hay daño físico y tiene que haber una sanción”.
Erazú contó que muchas veces incluso se rompen vidrios o materiales de la guardia. “Son problemas con pacientes que, por lo general, han perdido un familiar. El asunto es que la agresión la termina sufriendo el personal de salud. La guardia cuenta con un servicio de seguridad, pero prácticamente no tiene poder de detención”, dijo.
Laly Franco, referente de un grupo de padres del Instituto de Educación Media (IEM), está totalmente de acuerdo con el proyecto. “Hay que cuidar las instituciones. ¿Cómo vas a entrar a un colegio y hacer lo que quieras? La agresión no se justifica de ninguno de los dos lados. La haga el docente o un personal civil, tiene que tener alguna consecuencia”, expresó.
Atacó con golpes de puño a dos maestras de su hija
En la Escuela Normal 4705 República de Colombia de la localidad de Rosario de la Frontera la madre de una nena que no aprobó el grado atacó con golpes de puño a dos maestras, en febrero pasado. La directora de la institución había intentado apaciguar la situación, sin éxito, ya que también recibió insultos de parte de la mujer.
“Fue un hecho lamentable que no lo esperábamos. Una da todo lo que puede y que no lo valoren es muy feo. Es la primera vez en mi vida como docente que me pasa algo así. Con esta madre era difícil establecer un diálogo pero jamás esperábamos que actuase de esa manera”, contó Raquel Rivadeo, la docente que padeció la agresión junto a su colega, Mónica Machuca.
En este caso, la mamá de la alumna se fue hasta las manos, pero hay otras tantas situaciones que también son violentas y que hasta ahora no se podían denunciar. Con la ley recientemente aprobada se podrá hacerlo.
“Directivos y docentes estamos expuestos a estas situaciones de violencia que se intensifican cuando se entregan los boletines de calificaciones a fin de año o cuando se rinden exámenes”, advirtió Eduardo Albornoz, exdirectivo y miembro de Apjesa, el gremio del personal jerárquico.
Para la profesora Verónica Abadía, “la normativa es buena, pero a la vez evidencia que socialmente se perdieron valores básicos como el respeto a un educador o médico, que lo único que hacen es trabajar”.
Fuente: El Tribuno