El caso dejó al descubierto el uso discrecional del poder y el desprecio por los principios republicanos que deberían regir el funcionamiento de las instituciones.
En su última sesión, el Senado, con una aplastante mayoría oficialista, prestó acuerdo a la designación de Pablo López Viñals para que cumpla un período de diez años en la Corte de Justicia de Salta, algo así como una “renovación del mandato” que tenía desde 2019, y que venció el 17 de mayo pasado. Llegó postulado por el Ejecutivo provincial para continuar en el máximo tribunal provincial. El hecho causó el rechazo de distintos sectores por el perfil del funcionario judicial y, sobre todo, la forma en que se consumó su nombramiento.
Para amplios sectores del arco político, jurídico y social, se trata de un nuevo atropello del saencismo contra la Constitución provincial, una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente en la gestión del actual gobernador.
El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta advirtió en el proceso de acuerdo en el Senado para la renovación de su mandato el polémico actuar de López Viñals: “Durante su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal se caracterizó por morosidad, falta de transparencia, discrecionalidad, inacción e ineficiencia. Asimismo se hace referencia, en el documento presentado ante la Cámara Alta, sobre el actuar de López Viñals como Procurador en el crimen de las turistas francesas generando un descrédito público a dicha institución con impacto directo en el Poder Judicial”.
Y agrega: “Debió intervenir la Corte Suprema para que en Salta retorne el estado de derecho pleno, la garantía de una Justicia como la que indica la Constitución Nacional y la de la Provincia. Con el añadido de que el más alto tribunal de la Nación (al anular la condena), vertió duras consideraciones que vienen a ratificar las opiniones acerca de la falta de idoneidad y de independencia de la justicia penal provincial, Incluyendo a la mismísima Corte de Salta que integra, sin asomo da autocrítica, López Viñals”.
Pero no solo el FOCIS se opuso a la nueva designación de López Viñals: entre muchos otros, la Federación de Colegios de Abogados del Noroeste de la República Argentina también lo hizo con motivos clarísimos. Recordó que la reforma de la Constitución de 2021 introdujo cambios normativos “orientados a consolidar los principios republicanos y garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones.
Destacaron que en el artículo 156, se estableció que “los jueces de la Corte duran diez años en sus funciones, sin posibilidad de ser nombrados nuevamente”. Desde la Federación sostuvieron que “esa limitación, expresa y categórica, tiene como finalidad preservar la independencia judicial, impedir la consolidación de poderes personales y asegurar la alternancia institucional, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema democrático”.
Y agrega: “De ser renovado en sus funciones por un nuevo período, su permanencia superaría ampliamente el límite temporal de diez años fijado por la Constitución reformada. Excedería el mandato permitido y resultaría objetivamente incompatible con la voluntad del constituyente, quien, al establecer una duración improrrogable y no renovable, procuró evitar la perpetuación en el poder y preservar la regular rotación de los cargos”.
A pesar de todo esto, el oficialismo provincial cerró filas y dio luz verde al pliego de López Viñals. Esta actitud no es nueva. El gobierno de Sáenz ha demostrado en repetidas oportunidades su inclinación a concentrar el poder y rodearse de figuras afines, aun a costa de quebrantar normas fundamentales.
La Constitución, lejos de ser una guía para la administración del poder, se ha convertido en un obstáculo que el Ejecutivo sortea a conveniencia, debilitando la división de poderes y socavando la legitimidad del Estado de derecho.
El caso de López Viñals también enciende alarmas en cuanto a la independencia del Poder Judicial. Con funcionarios designados por afinidad política, y no por mérito o trayectoria, se corre el riesgo de transformar la Justicia en una herramienta al servicio del Ejecutivo, eliminando cualquier posibilidad de control real sobre los actos de gobierno.
¿Qué busca el saencismo con esta nueva designación? La respuesta que surge es “impunidad”. Porque la designación de Pablo López Viñals no es solo una “polémica administrativa”, es una muestra más de un modelo de gestión que avanza sobre las instituciones, debilita las garantías democráticas y banaliza la Constitución. Mientras tanto, la ciudadanía salteña asiste a una preocupante normalización del autoritarismo institucional.